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Procuraduría, en el foco de millonarias demandas foráneas
Posted On 24 Sep 2018
Quito –
Si bien el laudo arbitral del 30 de agosto a favor de la petrolera Chevron, que obliga al Estado a pagarle una indemnización aún no determinada, puso en aprietos a la Procuraduría, en su Dirección de Asuntos Internacionales todavía esperan, además, resolución otros ocho arbitrajes de inversión y siete comerciales; y siete juicios en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y catorce en varios países. En total, 17 demandantes reclaman al Ecuador un pago de $ 13.357,9 millones, con datos cortados al 20 de septiembre.
Un caso que llama la atención es el denominado Petroecuador Panamá, en el que se registra una demanda por la suma de $ 11.450 millones, lo que representa el 85,7% del total de reclamos con una cuantía predeterminada. Este juicio lo puso en Panamá en abril del año pasado Efrén Moreira en contra de la estatal petrolera.
En su momento, la justicia panameña dispuso incluso el embargo del dinero en efectivo de la compañía, pero tal medida nunca se ejecutó debido a que esta argumentó que en ese proceso se utilizaron documentos falsos. El litigio está abierto.
La segunda demanda más alta es de la petrolera Perenco, que exige una indemnización de $ 1.572 millones. Le siguen los casos Hermanos Ortega ($ 191 millones) y APM-Hutchinson ($ 177,5 millones). El resto pide montos menores a los $ 70 millones (ver cuadro).
Según la Procuraduría, además hay 19 casos en los que no existe una cuantía determinada, pues esos valores deben ser fijados por foros de arbitraje y tribunales en el exterior.
Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la demanda de Gente Oil (que impugna un informe de la Contraloría que detecta irregularidades) y otra de los hermanos Isaías.
Este Diario solicitó una entrevista con el procurador, Ãñigo Salvador, pero no fue concedida. En declaraciones a diario El Comercio, el funcionario señaló que entre 2005 y 2018 el Estado ha destinado para su defensa unos $ 318 millones.
El experto petrolero Augusto Tandazo sostiene que lo mismo que se quiere ahorrar quitando los subsidios es lo que se va en contratar abogados externos por parte de la Procuraduría General.
Para el exministro Fernando Santos, es increíble que se haya gastado una fortuna para, finalmente, perder todos los casos importantes.
Un abogado de una de las empresas demandantes, quien pidió la reserva, explicó a este Diario que al presentarse controversias en que el Estado no cede ni dialoga los arbitrajes y juicios en el exterior, sin ser perfectos, otorgan más garantías jurídicas e independencia a los inversionistas.
En el caso Chevron III, la Procuraduría ha anunciado que pedirá la interpretación y luego la nulidad del laudo.
En los demás, evaluará la contratación de abogados en el exterior y abrirá espacios para negociar con los demandantes antes de que se llegue a un fallo que podría resultar inapelable.
En tanto, las controversias han puesto al gobierno de Lenín Moreno bajo la presión de varias embajadas que velan por los intereses de sus compañías o personas naturales que están en disputa con el país.
El 16 de mayo de 2017, una semana antes de terminar su mandato, Rafael Correa dejó sin efecto los tratados bilaterales de inversión (TBI) que protegen con cláusulas específicas a inversionistas extranjeros.
Sin embargo, de acuerdo con otro abogado demandante, el tema es mucho más complejo de lo que parece, pues, por un lado, en la mayoría de los TBI aquella decisión solo surte efecto un año después (mayo de 2018), mientras que por el otro, algunos tienen una cláusula que les permite a las compañías amparar a sus inversionistas durante otros diez o más años. Un ejemplo: los TBI con EE.UU. y Reino Unido. (I)
Controversias
Alertas
El gobierno de Lenín Moreno ha insistido en que honrará sus obligaciones internacionales. Sin embargo, debido a los altos montos en juego, el laudo a favor de Chevron encendió las alertas sobre las disputas con empresas y personas naturales extranjeras que están en manos de la Procuraduría General del Estado.
Tratados bilaterales
En mayo del 2017, Rafael Correa denunció (dio por terminado) los tratados bilaterales de inversión con Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Canadá, Alemania, Suiza, Suecia, Francia, España, China, Italia, Chile, Venezuela, Argentina, Perú y Bolivia.
Proyecto
En febrero de este año, la canciller de entonces, María Fernanda Espinosa, anunció que con el fin de atraer inversiones extranjeras el Gobierno había diseñado una propuesta de convenios bilaterales de inversión (CBI) para reemplazar a los tratados que fueron denunciados por Correa. Sin embargo, esos documentos aún son un proyecto en discusión.
Arbitrajes
De los quince arbitrajes vigentes, siete son comerciales y ocho de inversión. Estos últimos tienen como fundamento el incumplimiento de los TBI por parte del Estado ecuatoriano. (I)
