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Una mano sucia que complica al Ecuador
Posted On 24 Jun 2019
Los casos de corrupción no son el único legado de irregularidades que dejó el Gobierno del expresidente Rafael Correa. También hay decisiones y políticas que podrían generar sanciones y pagos aún más costosos que los actos ilícitos que se denuncian constantemente.
La campaña La mano sucia de Chevron es uno de los ejemplos estelares. El expresidente Correa invirtió tiempo y recursos públicos en un programa para, en palabras del exmandatario, informar a la opinión pública internacional sobre la existencia de piscinas, nunca operadas por Petroecuador, que fueron abandonadas por la Texaco (ahora Chevron), donde las personas meten la mano y sale la mano sucia, la mano negra, por el petróleo.
En dicha campaña, el Gobierno de la autodenominada revolución ciudadana hizo conferencias en varios países, pagó camisetas, publicidad y hasta a actores y personalidades de la farándula internacional para exhibir el daño ambiental en la Amazonía.
El problema es que el 30 de agosto de 2018, se estableció que Ecuador es responsable de las irregularidades en la sentencia a favor de los habitantes del Aguarico. Dicho fallo, que se emitió en el país, obligaba a pagar más de 9.500 millones de dólares a la empresa privada.
Hubo, según el fallo del tribunal de arbitraje, una supuesta denegación de justicia por parte del Ecuador.
A eso se suma lo dicho por las máximas autoridades de justicia de Países Bajos. La Corte Suprema de Holanda se pronunció en última instancia, hace poco más de un mes, rechazando los pedidos de nulidad de Ecuador sobre laudos antiguos.
En ese escenario, el tribunal arbitral que se pronunció en agosto ahora está en una fase de cuantificación de los daños que sufrió la petrolera. Ese cálculo podría tomar hasta dos años. Luego de eso se conocerá a cuánto asciende la responsabilidad ecuatoriana.
La Procuraduría General del Estado solicitó la nulidad de ese proceso y se espera tener una respuesta a finales de este año. La entidad pública cambió de equipos de abogados para defender su caso.
El escenario, sin embargo, no es sencillo. El procurador general del Estado, Ãñigo Salvador, advirtió que la empresa internacional podría asegurar que la campaña correísta perjudicó sus labores y afectó a su imagen. Además, Chevron tuvo que gastar en abogados y otros rubros para responder a las afirmaciones estatales. Pueden asegurar que la campaña les causó el daño moral. Si hay una demanda en ese sentido, el país tendría que pagar por las ideas y acciones del Gobierno anterior.
¿A cuánto ascendería el pago? Salvador no se anima a dar cifras pero sí advierte que sería una cantidad que complique las finanzas nacionales. Algo similar a lo sucedido con la petrolera OXY que debe recibir un total de 980 millones de dólares por parte del Ecuador.
La frase
Será una suma enorme, obviamente. Más si se toma en cuenta la escasez de fondos.
Ãñigo Salvador, procurador general del Estado
La defensa
Hay dos nuevos estudios
Ecuador tiene dos estudios jurídicos inmersos en los litigios con Chevron. Foley Hoag, grupo de Washington, está a cargo del proceso de cuantificación de daños.
El tema de la nulidad ante las cortes holandesas está en manos del estudio jurídico Clifford Chance.
Para el procurador, no se puede asegurar que los anteriores estudios jurídicos fallaron. Ãl dijo que quiere creer que los estudios hicieron el mejor trabajo posible.
la visión ecuatoriana
Ambiente
Se han identificado más de 1.000 piscinas contaminantes en la Amazonía ecuatoriana. Lo que causó Chevron en nuestra selva es 85 veces peor que lo que hizo la British Petroleum, en el Golfo de México, y 18 veces más grave que el derrame de Exxon Valdez en Alaska, aseguraba el Gobierno anterior.
Monto
Según las autoridades del actual Gobierno, el país ha gastado más de 80 millones de dólares en la defensa del Estado en cortes internacionales por el caso Chevron. Los montos continuarán creciendo hasta que todos los procesos lleguen a su fin. Hay apelaciones y otros recursos.
Bumerán
¿Remedio peor que el propio mal?
Montada por el Gobierno de Rafael Correa, la campaña de información a la opinión pública nacional e internacional -sobre la contaminación producida por la empresa Chevron-Texaco en la Amazonía ecuatoriana, entre 1964 y 1992- a la larga ha tenido un efecto contraproducente y contrario a los intereses de las comunidades afectadas
y del país.
