Caso Sobornos: La Fiscalía tiene 587 elementos para acusar a 24 sospechosos

Las más de 700 carpetas que integran el expediente Sobornos 2012-2016 regresaron a la Fiscalía la tarde del lunes 11 de noviembre. El retorno ocurrió pasadas las 14:00 y pese a que la jueza Daniella Camacho había ofrecido a la fiscal Diana Salazar que permanecerían en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia en donde desde las 09:00 se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio.

Caso Sobornos: La Fiscalía tiene 587 elementos para acusar a 24 sospechosos

De las carpetas la fiscal Diana Salazar extrajo la información que este lunes le permitió acusar como autores del presunto delito de cohecho a 22 personas, incluidos el expresidente Rafael Correa, su exvicepresidente Jorge Glas y excolaboradores cercanos como Vinicio Alvarado y Alexis Mera, quien siguió la diligencia desde su arresto domiciliario en Guayaquil. La presentación de su acusación inició a las 10:25 luego que la jueza declaró la validez del proceso. Camacho no encontró vicios de procedimiento, procedibilidad, prejudicialidad y competencia, alegados por los procesados, Así la fiscal acusó a 22 procesados, entre los que están el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas, como autores del delito de cohecho y a dos cómplices.

Con la identificación de los procesados vino el relato de los hechos. Salazar habló de una estructura criminal liderada por Correa. Dijo que él estuvo al tanto del esquema de sobornos que involucró a funcionarios y empresarios con la finalidad de captar recursos para financiar las campañas electorales de PAIS y cumplir pagos de gastos de Correa como presidente y de otros funcionarios. Se refirió a artistas, cumpleaños, sabatinas. Los aportes eran por cruce de cuentas y en efectivo. En el primer caso los contratistas del Estado habrían entregado más de seis millones y una cantidad similar en dinero en efectivo. La fiscal dijo que se estableció el uso de jerga criminal. Pero citó que por primera vez en la historia están procesados funcionarios y contratistas.

La funcionaria descartó la supuesta criminalización a uno o más políticos, ya que no es un tema político. Lo que se investigó, según afirmó, fue un sistema de corrupción implementado en un gobierno que usó recursos públicos provenientes de la contratación pública para mantener el apoyo popular.

Insistió en que “han traicionado la confianza que la ciudadanía depositó en sus mandatarios para beneficiarse”.

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