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Contraloría audita a carteras de Finanzas, Cultura y Defensa por pago de bonos soberanos 2020
Posted On 23 Abr 2020
El pago de los bonos soberanos 2020 es producto de un examen especial que inició la Contraloría del Estado.
Contraloría audita a carteras de Finanzas, Cultura y Defensa por pago de bonos soberanos 2020
El organismo de control anunció que se realizan 26 exámenes especiales a varias entidades, entre ellas el Ministerio de Finanzas, cuyo objetivo es “verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas para el pago o servicios de los bonos soberanos”.
También busca comprobar el “registro contable y presupuestario de los pagos y sus efectos en las finanzas públicas”, señala un comunicado oficial.
En marzo pasado, el gobierno de Lenín Moreno canceló $324 millones de los bonos 2020 emitidos en la administración de Rafael Correa, para así poder acceder a nuevos créditos en medio de la crisis económica generada por la propagación del coronavirus.
La Contraloría también informó que se abrió una acción de control al viceministro de Economía, Esteban Ferro, para determinar si ha cumplido con lo dispuesto en la ley para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero de 2017, que prohíbe ocupar cargos públicos a quienes tengan bienes o capitales en paraísos fiscales. La solicitud la había realizado el defensor del Pueblo, Freddy Carrión.
Además de estas dos acciones, entre las entidades investigadas por las compras públicas emergentes que realizan como parte de la emergencia sanitaria están el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y los hospitales que administra, los gobiernos autónomos descentralizados, las unidades hospitalarias del Ministerio de Salud, Petroecuador y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos.
Se está investigando la “utilización del fondo de emergencia y pago de artistas en el Ministerio de Cultura, y la contratación de pólizas de seguros en el Ministerio de Defensa”.
Según estadísticas del Servicio de Contratación Pública (Sercop) –hasta el jueves pasado–, se registró que 902 instituciones adjudicaron contratos para la compra de bienes, servicios relacionados con la emergencia sanitaria. La inversión ascendía a $27 395 354.
