El Gobierno de Ecuador denunció «un sucio pacto político» en la Asamblea Nacional (Parlamento), que este viernes votó en contra de levantar la inmunidad a la vicepresideta Verónica Abad para que sea investigada por la Fiscalía por presunta concusión, dentro de un caso de corrupción en el que también está procesado su hijo, Sebastián Barreiro.
Verónica Abad, vicepresidenta del Ecuador.
«Ningún funcionario está por encima de la ley y la Justicia debe determinar si la vicepresidenta cometió una irregularidad y está relacionada con el caso que se le imputa a su hijo», afirmó el Ministerio de Gobierno en un comunicado oficial donde rechazó la decisión del Legislativo.
Ello tras conocer la decisión del Parlamento que, con el voto de la mayoría opositora, negó este mismo viernes autorizar el proceso penal contra Abad, vinculada por la Fiscalía en un caso de corrupción que ella considera como un acto de presión política en su contra por parte del mandatario Daniel Noboa.
El Parlamento, «como en cualquier democracia medianamente estable» debía dar paso a la imputación contra Abad y sólo debía dejar que «los órganos de la función judicial hagan su trabajo», argumentó el Ministerio de Gobierno.
«No importaron las denuncias, las acusaciones, las pruebas, los expedientes», añadió la fuente tras insistir en que todo lo actuado por el Parlamento obedece a un supuesto pacto de los grupos de oposición.
El Gobierno ha identificado en ese pacto a grupos opositores diversas tendencias como el conservador Partido Social Cristiano (PSC), la progresista Revolución Ciudadana, que tiene como líder al expresidente Rafael Correa (2007-2017), y Construye, una formación independiente.
Para el Ejecutivo, esos grupos sumaron los 75 votos afirmativos (de un total de 137 escaños) con los que el pleno de la Asamblea Nacional salvó a la vicepresidenta Abad del proceso penal iniciado por la Fiscalía General del Estado.
El Ministerio de Gobierno acusó a la oposición parlamentaria de frenar leyes, intentar «limitar el poder del presidente en su facultad de colegislador» y, «sin ningún motivo» pretender «implantar juicios políticos (de censura) contra varios integrantes del gabinete del presidente Noboa».
Pese a ello, el Gobierno de Noboa dijo tener claro sus objetivos, con «la transparencia como su principal bandera», por lo que insistió en que la Justicia debe determinar si Abad incurrió en algún acto ilícito.
La mayoría legislativa, por su parte, se lamentó de que no se hayan podido conocer los expedientes reservados por la justicia que presuntamente vinculan a Abad con el caso de «oferta de realizar tráfico de influencias en la Vicepresidencia».
Esta causa contra Abad y su hijo surgió tras la denuncia de un funcionario despedido de la Vicepresidencia que apuntó a Barreiro como la persona que presuntamente le habría pedido quedarse con una parte del sueldo a cambio de influir para su contratación laboral.
La vinculación de Abad por la Fiscalía se dio el pasado lunes, en un comunicado donde señaló que existen indicios de su participación en la contratación de la persona denunciante.
Abad se ha convertido en una de las voces más críticas del Gobierno de Noboa, al que incluso ha acusado de un presunto hostigamiento para forzarla a renunciar y evitar así que deba asumir temporalmente la Presidencia cuando él buscase reelegirse en las elecciones de 2025.
Noboa podría presentarse a esos comicios para intentar ser reelegido, pero necesitaría pedir permiso para ausentarse del cargo durante el periodo de campaña electoral, lapso en el que debería encargar la Presidencia a Abad, como señala la Constitución del país.
El distanciamiento entre ambos comenzó durante la campaña electoral y se evidenció al asumir sus respectivos cargos, cuando una de las primeras decisiones de Noboa fue enviar a Abad como embajadora a Israel.
Según varios analistas políticos, el grado de distanciamiento ha llegado a tal extremo que el mandatario, aparentemente, intentaría no encargar la primera magistratura del Estado a su vicepresidenta. EFE
