La protesta de un grupo de ciudadanos orenses que desde el lunes pedía en Quito atención sobre los socavones en Zaruma tuvo respuesta este jueves, cuando el primer mandatario Lenín Moreno decidió declarar estado de excepción y suspender operaciones mineras en la zona por el elevado riesgo.
La protesta se realizó también este jueves en los exteriores del Palacio de Carondelet, a pocas horas del colapso de otra parte del colegio de la Inmaculada en ese histórico cantón orense.
Las actividades mineras que se efectuaron durante decenas de años al interior de la ciudad de Zaruma han puesto en peligro la ciudad, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad.
“Hoy convoqué a Alcaldes, Fiscalía, Función Judicial, Gobierno y sociedad civil para dar solución a problemas de Zaruma y Portovelo”, dijo este jueves el presidente Moreno.
Tras eso, Moreno informó de varias acciones inmediatas:
1. Creación de Comité de Gestión Interinstitucional para tratar problemática de Zaruma.
2. Decretar un Estado de Excepción por graves riesgos existentes en la zona.
3. Suspender operaciones mineras legales en zonas que puedan afectar a la zona de exclusión minera.
4. Asignación inicial de $ 4 millones para la estabilización urgente de las zonas de riesgo.
Anoche colapsó otra parte de la estructura de la Escuela La Inmaculada, institución educativa donde ya se produjeron socavones en enero y febrero.
El alcalde de Zaruma, Jhansy López, había pedido hace meses una intervención para buscar una solución definitiva al socavón.
El ministro de Minas, Javier Córdova, explicó que varias concesiones mineras que operan de forma legal serán suspendidas de manera temporal, pues por estas se filtrarían las personas que ejercen la minería ilegal y que están afectando el suelo e interfiriendo en la zona de exclusión, donde no está permitida la realización de esta actividad extractiva.
El ministro del Interior, César Navas, informó que el estado de excepción durará 60 días en primera instancia, que se contabilizan 112 familias afectadas hasta el momento y que se están estableciendo controles integrados de porte de armas, explosivos y de bandas delictivas, con movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía.
Navas agregó que la zona de afectación está delimitada, suspendido el tránsito vehicular y, hasta que no haya el estudio técnico, no se va a desplazar a ningún barrio.
El Comité estará conformado por algunos ministerios, lo presidirá el Ministerio del Interior y se invitará a las autoridades locales de El Oro para que coordinen directamente con otras funciones del Estado.
Navas dijo que no se permitirá que se incumpla la ley y que, en este momento, se está llevando al tribunal de disciplina un fiscal y también se va a analizar la gestión de otros jueces, en casos relacionados a esta problemática.
El cantón orense cuenta con unas 250 casas patrimoniales que estarían en riesgo por las actividades mineras. (I)
