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Cancillería discrepa con Alta Comisionada de las Naciones Unidas sobre protestas en Ecuador
Posted On 06 Dic 2019
Tres días después de que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), Michelle Bachelet, emitiera un comunicado respecto a las movilizaciones ocurridas en octubre, el canciller José Valencia respondió oficialmente que el organismo no está reflejando la real dimensión del contexto de violencia y su impacto social.
Cancillería discrepa con Alta Comisionada de las Naciones Unidas sobre protestas en Ecuador
“El comunicado pone un desmesurado acento en los supuestos excesos de la fuerza pública, mientras muy de paso describe el gran daño causado por los manifestantes a personas y bienes públicos y privados, o la virulencia de los disturbios, que provocaron terribles efectos”. señaló Valencia a Bachelet.
En el comunicado del 29 de noviembre, la expresidenta de Chile señaló que el uso de gases lacrimógenos y perdigones causaron cientos de heridos “y posiblemente algunas de las muertes”, que se deben revisar los protocolos internos de uso de la fuerza y que las autoridades se aseguren que se ajustan a las normas internacionales.
Bachelet dijo que “algunos manifestantes” también recurrieron a la violencia y pidió a las autoridades que se abstengan de hacer declaraciones o cualquier acción que “estigmatice” a indígenas, extranjeros, periodistas y opositores.
Todos estos criterios fueron rechazados por el canciller Valencia, quien expresó que la fuerza pública actuó de acuerdo con la ley, no usó medios letales y “no se produjeron ni heridos ni muertos por disparos de armas de fuego”.
Respecto a los actos violentos, el canciller añadió que no fueron “algunos” manifestantes que recurrieron a la violencia, fueron centenares los atacantes que actuaron de manera concertada, con tácticas de guerrilla urbana y en grupos coordinados como en el incendio del edificio de la Contraloría.
Valencia calificó de “injusta” la acusación al Gobierno de estigmatizar a indígenas y migrantes, pues se ha restituido la sede a la Conaie y el Programa de Educación Bilingüe, se ha dado amnistía a 48 líderes indígenas apresados en el anterior gobierno y se ha acogido a casi 400 000 ciudadanos venezolanos para regularizar su situación migratoria en colaboración con Naciones Unidas.
