Defensoría del Pueblo habla de un caso de ‘vulneración de derechos’ de 450 obreros en empresa extranjera

La Defensoría del Pueblo reveló este lunes lo que considera un grave caso de “esclavitud moderna” que afecta al menos a 450 obreros y sus familias, que viven en condiciones deplorables en plantaciones bajo la propiedad de una empresa de capital japonés.

En un informe la institución nacional de derechos humanos dio cuenta de graves vulneraciones a decenas de familias, en su gran mayoría afrodescendientes, que viven y trabajan en plantaciones agrícolas del abacá, una planta parecida al banano cuyo tallo alberga una fibra muy resistente y cotizada en el campo industrial.

Desde que conoció del caso el 16 de octubre por parte de los propios afectados que hasta este lunes están asociados y representan a 450 trabajadores, la Defensoría efectuó tres misiones de verificación en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y de Los Ríos.

En ellas sus funcionarios constataron “la constante vulneración de derechos humanos, en especial las graves condiciones en las que viven y trabajan dentro de las haciendas de la empresa, lo que les ha provocado un empobrecimiento generalizado”.

La defensora del Pueblo, Gina Benavides, hizo un llamamiento a las autoridades y consideró el caso como “uno de los más graves que hemos tenido que verificar”. “Viven y trabajan desde hace décadas decenas de familias y lo hacen en condiciones no compatibles con la dignidad humana”, dijo Benavides. Resaltó que residen en “campamentos viejos, lúgubres, húmedos, sin agua potable, luz eléctrica, ni saneamiento ambiental”.

Y que hombres, mujeres, niños y adultos mayores, “cuya vida se restringe a extraer la fibra de abacá” lo hacen para entregar en exclusividad a la empresa el material que extraen y procesan. Las personas que no trabajan directamente el cultivo cuidan del resto de la comunidad en tareas como preparación de la comida, lavar la ropa y atender a niños, adultos de la tercera edad y enfermos.

Las fotografías que presentaron en una comparecencia ante la prensa muestran las precarias condiciones de vida de las familias, con letrinas al aire libre, barracones con cuartos individuales donde se hacinan los obreros o instalaciones en estado calamitoso.

Francisco Hurtado, adjunto de derechos humanos y de la naturaleza de la Defensoría, precisó que sobre la empresa señalada, pesan 31 incumplimientos laborales y la recomendación del cierre y suspensión de las haciendas.

“Lo que a nosotros nos llama profundamente la atención de este caso es que no es estrictamente una situación de derechos laborales, sino de vida indigna, de unas condiciones que podrían configurarse según los estándares internacionales como servidumbre de la gleba”, planteó. Señaló que la compañía no tiene firmados contratos laborales con ninguno de los empleados, que no están afiliados a la seguridad social e incumple todas las normas de prevención de riesgos, accidentes laborales y salud ocupacional.

De hecho, numerosos abacaleros han sufrido amputaciones y cortes tanto en la fase de recogida del tallo a causa de los machetazos, como con la maquinaria para deshebrar la fibra.

La firma niega públicamente que sean sus trabajadores, pese a que viven en tierras regentadas por la empresa y opera con dos figuras que resultan ilegales en Ecuador, añadió la Defensoría. La primera supone la contratación por vía civil a arrendatarios que también viven y trabajan dentro de las haciendas en las mismas condiciones de precariedad, y la segunda consiste en la compra de toneladas de la fibra a cambio de dinero que el mayoral reparte entre los trabajadores.

José Hernández, uno de estos intermediarios explicó que pese a ganar USD 640 cada cinco semanas, al concluir todos los pagos a los trabajadores y a la empresa le quedan de promedio USD 49. La Defensoría ha constatado además trabajo infantil y vulneración de derechos como a la salud, educación o identidad.

Así, de los registros efectuados en 18 campamentos se han reportado al menos 70 personas que no figuran en el Registro Civil, de las que 58 son menores. Hurtado urgió a la intervención de varias autoridades en el caso como los ministerios de Trabajo, Agricultura, Educación, Salud, Inclusión Social, la Fiscalía General del Estado, el Sistema de Rentas Internas (SRI), o la Secretaría de Gestión Política. (I)

Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/defensoria-pueblo-obreros-empresa-japonesa.html