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Ejecutivo plantea nuevas medidas anticorrupción en Ecuador
Posted On 29 Ago 2018
Quito –
Para finales del 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaba que Odebrecht pagó $ 33,5 millones, entre 2007 y 2016, en sobornos en Ecuador para conseguir contratos. En solo dos procesos de Odebrecht en Ecuador, a noviembre del 2017, se estimaba que se movieron ilegalmente $60 millones en coimas.
En el caso Petroecuador, Fiscalía en 2017 señalaba que Ãlex Bravo recibió transferencias por $ 13 millones en su offshore Girbra; y de Carlos Pareja Yannuzzelli se explicaba que él recibió en su offshore Capaya $ 1 millón. Todo como parte de una red de actos de corrupción.
Al momento no existe una cifra exacta sobre los dineros que se movieron en la última década por los actos de corrupción ni en qué países estarían. Pese a ello los esfuerzos por recuperarlos continúan.
Uno de los últimos fue anunciado la semana pasada por Eduardo Jurado, secretario de la Presidencia. Habló del envío de dos reformas para luchar contra la corrupción y que se contrató firmas especializadas para recuperar en EE.UU. y Panamá activos y dineros.
Jurado no dio detalles de las empresas que trabajan en el tema, pero aclaró que ya hay datos certeros. El tema no es sencillo, porque no se trata solamente de identificar donde está el dinero, sino además el mecanismo para poderlo repatriar, indicó el funcionario.
Lenín Moreno apunta a dos reformas basadas en la delación para recuperar esos dineros. Las propuestas se suman al proyecto de Ley de Extinción de Dominio que entregó, en julio pasado, en la Asamblea, y que busca reformar al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
En esta ocasión el Ejecutivo propone que quien dé datos de dónde encontrar dineros de la corrupción tenga una participación del 20%; y proteger por una sola vez a los denunciantes que hayan incurrido en un acto de soborno y que puedan probar que un funcionario público se lucró de una acción ilícita.
Sobre esta última propuesta el constitucionalista Rafael Oyarte tiene reparos, debido a que no tiene claro si esto es un perdón o es la aplicación de las reglas de la cooperación eficaz vigentes para reducir las penas. Oyarte califica de excesivo el que alguien haya estado involucrado en actos de corrupción y que no tenga condena.
Jorge Rodríguez, parte de la Comisión Anticorrupción, ve como oportuno el envío de las dos alternativas. Esta Comisión estimó a finales del 2017 que el costo de la corrupción que vivió el país en la última década fue de más de $ 35 mil millones.
El comisionado afirma que se debería trabajar en una reforma profunda en al menos siete leyes (COIP, contratación pública, entre otras).
Eduardo Franco, abogado del exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado a seis años de cárcel por asociación ilícita con Odebrecht, cree que toda medida legal que no contravenga la Constitución, la dignidad humana y el principio de inocencia está bien porque la corrupción causa daño al país.
Pese a ello asegura que debe haber un estudio a fondo del tema, pues para él estas alternativas pueden ser mecanismos de represión política si no existe objetividad y responsabilidad en la aplicación. (I)
