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El caso Petroecuador-Panamá fue resuelto
Posted On 18 Nov 2019
Las acciones emprendidas por el ecuatoriano Roger M. en cortes panameñas, para cobrar USD 11 450 millones a Petroecuador, se truncaron.
El caso Petroecuador-Panamá fue resuelto
La Corte Suprema de Justicia de Panamá -máximo órgano del poder judicial- dejó sin efecto, en julio pasado, el embargo de esa cantidad de dinero de las cuentas que Petroecuador tuviese en el sistema financiero de ese país, el cual fue dispuesto anteriormente por una instancia inferior de ese país.
Estos recursos, según el demandante, eran a favor de organizaciones sociales de Esmeraldas por supuestos daños ambientales.
Pero la Procuraduría General del Estado (PGE) argumentó que el proceso legal iniciado en contra de la petrolera estatal se basó en el uso de un documento falso.
Además, informó que Roger M. fue sentenciado a tres años de prisión por las cortes de Ecuador en diciembre del 2017, por este delito.
Tras conocer estos detalles, la Corte Suprema de Justicia de Panamá revocó lo actuado en instancias anteriores y notificó oficialmente al país.
Esto significa que ahora ya no cabe “ninguna” acción civil adicional relacionada con este asunto, refirió la Procuraduría, que asumió la defensa de la firma estatal en el extranjero.
Para uno de los abogados de los demandantes que se hizo cargo de este proceso en Panamá, este caso les generó sorpresa porque inicialmente los antecedentes expuestos por la Procuraduría eran desconocidos.
El litigante señaló que validaron la autenticidad del documento y aceptaron hacerse cargo de este proceso. “La orden de pago estaba apostillada y cotejada por un notario”, refiere Humberto Zappi, abogado que participó en este caso.
Este jurista panameño se dedicó por alrededor de un año y medio a esta causa y, al final, no obtuvo sus honorarios. Zappi y otros dos colegas tenían previsto cobrar USD 1 475 millones al Estado ecuatoriano por este concepto, según declararon en un medio panameño.
“Para mí (el caso) deja en entredicho documentos futuros que puedan estar legalizados por autoridades ecuatorianas. Qué seguridad tiene uno frente a esos papeles”, se preguntó Zappi.
La Procuraduría informó que no ha recibido notificaciones sobre posibles acciones por el cobro de honorarios de los abogados panameños.
“El Estado ecuatoriano no asumirá ningún costo cuando la resolución ha sido a su favor”.
El caso en Panamá no es el único intento que han hecho los demandantes para tratar de cobrar a Petroecuador. Hace ocho años los supuestos representantes de organizaciones sociales realizaron ya varias gestiones en Ecuador.
Inicialmente, sostenían que la petrolera estatal debía USD 4 000 millones y luego la cifra subió a 11 450 millones. A criterio de los demandantes, esta supuesta deuda de la empresa petrolera estatal con las asociaciones se originó tras una demanda al Estado ecuatoriano, por deforestación y tala indiscriminada de bosques en Borbón, una pequeña localidad de Esmeraldas, que se produjo en 1994.
Este caso judicial se convirtió en la pretensión más alta que había en contra del Estado en cortes internacionales. Representaba el 82% del total, hasta marzo pasado.
Para frenar estos intentos, Petroecuador interpuso en el 2016 una demanda en contra de Carlos R., Juan B., Neiva V. y Roger M., supuestos representantes de las organizaciones civiles, por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso.
De los cuatro demandados, solo Roger M. y Neiva V. están cumpliendo una condena. La última fue sentenciada a fines del 2018.
https://www.elcomercio.com/actualidad/caso-petroecuador-panama-demanda-indemnizacion.html
