El gasto corriente dificulta la tarea de ajuste fiscal

Analistas coinciden en que las decisiones adoptadas por el gobierno apuntan a la dirección correcta, pero sus efectos serán mínimos sin medidas complementarias.  

Hacer más con menos recursos. Bajo esa premisa el gobierno lleva adelante medidas de austeridad en el gasto público y hasta agosto consiguió reducir el 53,5% en comparación de 2017.

Tres analistas económicos consultados por EL TELÉGRAFO consideran que si bien las cifras son positivas y las decisiones apuntan al objetivo correcto (bajar el déficit fiscal), todavía son superficiales, no resuelven la complejidad de disminuir el gasto corriente y requieren de acciones complementarias que incrementen los ingresos.

Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ubica a Ecuador como uno de los cinco países de la región que más gastan, con un promedio que supera el 35% del Producto Interno Bruto (PIB).

La economista Lorena Konanz señaló que entre el año pasado y el presente se han incorporado más funcionarios al Estado (15.000) en comparación con los que han salido (13.000), por lo que para obtener un resultado favorable es preciso que el recorte de personal sea mayor.

La fusión y eliminación de entidades públicas es clave, pero, agregó Konanz, también se deben analizar las remuneraciones que, en promedio, son más altas que las del sector privado. El BID lo confirma en su investigación e indica que la carga salarial es uno de los factores que más elevan el gasto en América Latina.

Los países que más malgastan son aquellos con las primas salariales más altas y una menor proporción de trabajadores no calificados. Dentro de esta lista se encuentran El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Ecuador (más del 20%), y Colombia y Costa Rica (más del 15%).

Para este año el gobierno presupuestó gastar alrededor de $ 10.000 millones en sueldos de funcionarios públicos. Konanz advierte que poco efecto tendrán los ajustes casa adentro si no van de la mano con una reducción de trámites, y revisión de impuestos y legislación que contribuyan a la competitividad del sector productivo.

Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, mencionó que según estimaciones del presupuesto codificado el gobierno espera que el gasto corriente se incremente este año en más de $ 1.700 millones (9%). Parte de ese aumento está influenciado por la importación de derivados de petróleo, cuyos valores se elevaron debido al impulso del precio internacional del crudo.

Ecuador puede corregir eso mediante la revisión de subsidios, como la eliminación de la subvención a la gasolina súper, aunque no es suficiente para lograr el balance adecuado, subrayó Ortiz.

Añadió que este año el crecimiento del gasto corriente se podría cubrir con los recursos que deje la remisión de intereses, pero el escenario será más complejo en 2019 cuando el Estado deba pagar cerca de $ 1.500 millones por concepto del 40% de aporte a la Seguridad Social. Tradicionalmente el ajuste se ha enfocado más en la inversión pública; es decir, el gobierno disminuye la construcción de infraestructura.

Al respecto, el BID observa que en la práctica esto puede comprometer el desempeño de las empresas privadas que requieren de carreteras, puertos y más. A criterio de David Castellanos, de la consultora Multienlace, no se trata de que el gobierno frene de golpe la inversión sino que esta sea planificada y coherente con el tamaño de la economía.

Para este año el monto inicial del Plan Anual de Inversiones fue de $ 4.719 millones, de los cuales hasta agosto se devengaron $ 1.476 millones. El gobierno no solo debe ver la forma cómo atacar los gastos sino también encontrar la manera de generar ingresos, de lo contrario no habrá   equilibrio y se mantendrá la nociva dinámica de años recientes de contratar deuda para tratar de mantener el barco a flote, enfatizó Castellanos. (I)

Fuente: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/gastocorriente-ajustefiscal-ecuador