Los cuatro miembros de mayoría del Consejo de Participación que enfrentarán un juicio político en la Asamblea son identificados como “gobiernistas”. Los tres que ya están a salvo de la destitución, en cambio, son identificados con el correísmo, el PSC y la facción rebelde de Pachakutik.
Ibeth Estipiñan, María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco Bravo, en la sesión del 1 de noviembre de 2022.
La decisión de la Asamblea de avanzar con la posible censura y destitución de los cuatro vocales de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) es la conclusión de una polémica que lleva ya 10 meses y que, en el camino, terminó con la remoción de Guadalupe Llori como presidenta del Legislativo.
Este juicio político fue presentado en febrero de 2022. Llegó pocos días después de que el Consejo se reconfigurara con una nueva mayoría que removió a Sofía Almeida de la presidencia del organismo, y colocó en su reemplazo a Hernán Ulloa.
La división en el organismo generó dos bandos, que engendraron a los dos bandos que hay en la Asamblea:
- La “mayoría” del CPCCS, integrada por Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. Estos reciben el respaldo en la Asamblea de la bancada oficialista BAN, parte de la ID y la facción “orgánica” de Pachakutik.
- La “minoría” del CPCCS, integrada por Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos. Ellos reciben el respaldo de la mayoría legislativa, integrada por UNES, el PSC y la facción “rebelde” de Pachakutik.
Con una mayoría legislativa consolidada entre UNES, el PSC y los “rebeldes” de Pachakutik, además de una pequeña facción disidente de la ID, la Asamblea logró dejar fuera del juicio político a Dávalos, Almeida y Rosero. Es decir, ellos conservarán sus puestos hasta mayo de 2023, cuando se posesionen los nuevos consejeros escogidos en las elecciones.
Mientras que los que enfrentarán la posible destitución del CPCCS serán Ulloa, Rivadeneira, Estupiñán y Bravo.
Para ellos hay poca esperanza. La moción para llevarlos a juicio político alcanzó 84 votos de la mayoría legislativa, y se necesitan solo 70 para destituirlos y censurarlos.
Los que quedan
Los tres vocales de minoría que se salvaron del juicio político no enfrentan una posible destitución del CPCCS, y por el momento no existe otro proceso de fiscalización en la Asamblea.
Ninguno de los tres ha admitido los vínculos políticos que se les señala con la mayoría legislativa. Sin embargo, sus perfiles sí muestran una cercanía a las tres tendencias políticas que los respaldan en la Asamblea:
- Sofía Almeida trabajó, entre 2008 y septiembre de 2018, en la Contraloría General del Estado, en su delegación de Guayas. El último cargo que ocupó es el de especialista de auditoría, al que renunció cuando ya estaba en el CPCCS. Fue una de las candidatas que recibió públicamente el apoyo del exalcalde Jaime Nebot. Además, es sobrina del exdiputado y actual asambleísta socialcristiano Luis Almeida.
- David Rosero es el consejero con más experiencia. Fue miembro del primer Consejo de Participación y ejerció la oposición contra la mayoría correísta de ese entonces. Fue detenido en 2015, durante las protestas por el Fondo del Magisterio, en Ibarra. Militó en el Movimiento Popular Democrático (MPD), por el que fue candidato en 2006 y 2007. En 2017, fue candidato a asambleísta por Unidad Popular, pero no obtuvo el cargo.
- Juan Javier Dávalos es uno de los nombres que el expresidente Rafael Correa promocionó para las elecciones al CPCCS en 2019, por lo que fue investigado durante la campaña por el CNE. Ha ocupado múltiples cargos públicos: en el Municipio de Quito, en la desaparecida Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y en la también desaparecida Secretaría de Gestión Política, creada en el Gobierno de Rafael Correa.
Los que entrarían
La eventual destitución del CPCCS de Ulloa, Rivadeneira, Estupiñán y Bravo dejaría cuatro vacantes, que deben ser llenadas de acuerdo a las papeletas en las que ellos fueron escogidos: un hombre, dos mujeres y un miembro de pueblos y nacionalidades.
Los siguientes más votados en cada una de estas papeletas son:
- Carlos Figueroa. Médico especialista en Cirugía General y dirigente gremial. Fue profesor de la Universidad Central y médico del Club de Leones. Estuvo refugiado en Sarayaku en 2014, junto a Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez, sentenciados por injurias contra el expresidente Rafael Correa.
- Mónica Moreira. Licenciada en Ciencias de la Educación y especializada en Gestión Educativa. Tiene una larga trayectoria como maestra en instituciones privadas. Postuló para la reelección y consta como una de las candidatas ya calificadas para 2023.
- Karina Ponce. Economista. Exfuncionaria de la Senescyt y docente del Instituto Eugenio Espejo.
- Jaime Chugchilán. Abogado, exfuncionario de la Secretaría General del Migrante. Trabajó como funcionario del CPCCS entre 2019 y 2021.
Los vacíos de la reelección
El juicio político en contra de los cuatro vocales del Consejo de Participación deja un vacío que no ha logrado ser resuelto: Rivadeneira, Estupiñán y Bravo van por la reelección, y sus candidaturas ya están en firme.
Por ello, el Consejo envió una consulta a la Procuraduría para que resuelva si era posible enjuiciarlos siendo ya candidatos. Pero esta nunca obtuvo respuesta, en medio de la transición entre la salida de Íñigo Salvador y la entrada de Juan Carlos Larrea.
Ahora quedan la gran duda de qué pasará si Rivadeneira, Estupiñán y Bravo son censurados y destituidos del CPCCS, pues una de las consecuencias de los juicios políticos es la prohibición para ejercer cargo público durante dos años.
