Evidencias de la persecución desde la Corte Nacional

En su oficina conserva su uniforme, un sable y las insignias que obtuvo como oficial de la Policía. Andrés Solano ahora viste de civil, pues fue desvinculado de esa institución en el 2012, luego de ser procesado por los hechos del 30-S.

El abogado Eduardo León y la esposa de Daniel Gutiérrez analizaron el caso.

Fue acusado por el delito de rebelión y sentenciado a un año de cárcel. La pena fue ratificada en la Corte Nacional, en el 2014. Pero no la cumplió, pues la causa prescribió. Junto a él hubo siete procesados más.

Solano afirma que antes de que el Tribunal dictara el fallo, personas cercanas a los magistrados nacionales los citaron en una oficina privada.

Allí les indicaron que si cancelaban USD 60 000, los jueces los declararían inocentes. “Llamaron a los magistrados en nuestra presencia y ellos establecían las tarifas que debían cobrarnos. Nos dijeron que podíamos cancelar en efectivo, cheque o por transferencia”.

Solano asegura que no pagó, pues no tenía dinero. “Mis compañeros que entregaron el dinero tienen los comprobantes de depósitos, pero por temor a represalias no han denunciado”.

El caso de Solano fue documentado en un informe de 249 páginas elaborado por la Mesa por la Verdad y Justicia, que indagó la persecución y las ‘irregularidades’ en 247 procesos judiciales durante el gobierno de Rafael Correa.​

Allí se mencionan presuntos pagos por coimas a jueces a cambio de no ser acusados o sentenciados a cárcel. “En el 30-S hubo el caso de un oficial que tuvo que vender su casa y pagar USD 62 000 para no ser sentenciado”, contó otro de los policías.

Durante la evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional, el Comité Técnico tomó en cuenta este documento para redactar un informe que entregaron al Consejo de la Judicatura.​En ese documento, además, establecieron que hubo un “aumento desproporcionado” en el patrimonio de siete altos magistrados.

Dos de ellos negaron el viernes 8 de noviembre del 2019 esa acusación y aseguraron que sus bienes fueron obtenidos de forma legal.

Estos dos magistrados forman parte de la lista de 24 autoridades judiciales que reprobaron la evaluación. El viernes de esta semana está previsto que la Judicatura anuncie el listado de jueces que serán removidos.

En el informe se detalla también el caso de Daniel Gutiérrez, quien actualmente cumple una condena por delincuencia organizada.

Cuando su juicio llegó a la Corte Nacional, los magistrados incrementaron su pena inicial de cinco a nueve años y cuatro meses.

Según su abogado Eduardo León, los jueces violentaron el debido proceso, pues el Código Integral Penal (art. 5 numeral 7) prohíbe aumentar las penas y empeorar la situación legal de una persona cuando en un recurso de última instancia, que se revuelve en la Corte Nacional, esta sea la única litigante.

En este caso esto se aplicó. Por eso el abogado y la esposa del procesado interpusieron una acción de protección en la Corte Constitucional.

El informe de la Mesa calificó de ‘pobre’ la actuación de la Corte Nacional, pues considera que “no cumplió su rol de corregir sentencias con violaciones al debido proceso, sino que violó el derecho a la defensa”. Otro caso que se analizó en la Mesa de la Verdad y la Justicia es el de Taski.

Esta empresa que brinda servicios de impresión presentó una demanda contenciosa administrativa en contra de una entidad pública que dio de baja el contrato para la impresión de formularios y portafolios para el censo poblacional del 2010.

Según investigaciones, cuando este caso llegó al alto Tribunal, en el 2013, el proceso no se movió ni presentó avance “sin explicaciones”. Tampoco se realizaron diligencias. Después de cinco años recién se resolvió el caso. El informe dice que hubo “negligencia por parte de los jueces por dejar transcurrir tantos años sin un pronunciamiento”.

En otro hecho de demora judicial, etiquetado como Terrorismo, se explica que en un recurso de casación (que se resuelve en la Corte Nacional) pasó tres años sin tratarse. Este recurso se cerró solo después de que Correa dejara el poder y la procesada fue declarada inocente.

Tras documentar estos procesos, ahora los evaluadores recomiendan a la Judicatura que analicen estos hallazgos y se inicien indagaciones. En diciembre del año pasado también hubo un pedido para que la Judicatura investigara a 14 jueces y conjueces nacionales, pues se consideró que además de la afectación jurídica hubo una afectación personal a las víctimas.

En el caso de Solano, con el fallo dictado tuvo que dejar la Policía y durante dos años trabajó como taxista y como mesero en un restaurante. Ahora es propietario de una empresa de seguridad privada.

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