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Exdueños de Caminosca deben pagar 14,8 millones a la australiana Cardno
Posted On 10 Nov 2017
Las acciones de Caminosca retornarán a sus exaccionistas y ellos deberán devolver USD 14,8 millones más intereses a la firma australiana Cardno. También pagarán USD 4,5 millones por costas judiciales.
Con esta resolución del Tribunal Arbitral de la Florida (EE.UU.), la compraventa que ambas empresas concretaron en 2014, quedó invalidada. Cardno presentó a los jueces evidencia de que los cuatro exsocios demandados habrían incumplido la ley estadounidense de prácticas corruptas en el extranjero.
Los anteriores dueños fueron: Carlos, Eduardo y Rafael Jácome y Galo Recalde. Estos empresarios ecuatorianos, según la investigación de Cardno, habrían armado un esquema de pagos injustificados a altos funcionarios públicos a cambio de contratos.
En la documentación entregada por Cardno se identifica con sobrenombres a esos funcionarios. Para la Comisión Anticorrupción, que formalizó una denuncia en la Fiscalía, se trata del vicepresidente Jorge Glas, quien está preso por asociación ilícita y, del asambleísta y exministro de Electricidad, Esteban Albornoz. Ambos han negado cualquier vinculación con esta empresa, desde el año anterior. Para efectuar las transferencias se utilizaron las firmas de papel: Asesorías Australes, de Chile, y Crown Mergers, de España, que tienen cuentas en EE.UU., Brasil, España, etc.
Esta información fue ocultada en el proceso de la venta de la empresa, que fue creada en 1976 para actividades de ingeniería y cuyo principal cliente ha sido el Estado ecuatoriano. Estas supuestas transferencias sin sustentos están relacionadas con los proyectos hidroeléctricos Toachi-Pilatón, Sopladora y Minas San Francisco, en los cuales Caminosca participó como fiscalizadora.
En los tres casos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) no adjudicó los contratos directamente a Caminosca sino a consorcios, que conformó con otras empresas. En las centrales hidroeléctricas Toachi y Sopladora Caminosca se unió a la consultora brasileña Leme Engenharia. En Minas San Francisco, en cambio, se asoció con Gas Natural Fenosa Engineering, Integral y Astec, a través del consorcio Hidrojubones.
Los tres consorcios estaban representados por Eduardo Jácome, como procurador común, hasta que Cardno asumió el control total de Caminosca e inició las investigaciones sobre los pagos injustificados, que suman USD 3 millones. Miguel Ãngel Alemán, actual apoderado de Cardno-Caminosca en Ecuador, explicó que la reciente sentencia es definitiva y ratifica el fallo preliminar. Con esto se ha demostrado que incumplieron el contrato de compraventa al no acatar leyes antisobornos. Añadió que este dictamen debe ejecutoriarse en un juzgado de la Florida y luego será homologado en el Ecuador.
Con este trámite se busca que las acciones de Caminosca vuelvan a manos de los exaccionistas y se cobre los USD 14,8 millones, intereses y costas procesales, que se determinaron en el laudo arbitral. El Estudio Jurídico Quevedo & Ponce estará a cargo de este proceso y se ejecutará en el país y en cualquiera donde los expropietarios tengan bienes.
Adicionalmente, los empresarios Jácome, quienes no se encuentran en Ecuador, deberán afrontar contingencias relacionadas con cuatro proyectos, en los que Caminosca fiscalizó obras de construcción. Estas son: el Poliducto Pascuales-Cuenca, la Central Hidroeléctrica Ocaña, la vía Papapallacta-Simón Bolívar y el Metro de Quito Fase I.
Carlos Souffront, abogado de los exaccionistas, señaló este jueves (9 de noviembre) a EL COMERCIO que hubo errores de fundamento y de derecho en el arbitraje y que los árbitros determinaron que no hay evidencia directa de los pagos indebidos.
Agregó que los exsocios evaluarán opciones, entre ellas que estos errores sean sometidos a revisión y consideración del Tribunal Federal en Miami. Aclaró, además, El laudo arbitral preliminar y final son parte de la indagación previa que lleva adelante la Fiscalía General del Estado, por los presuntos pagos de coimas.
Esta fase es reservada por lo que la documentación no es pública y pudiera extenderse hasta dos años. Tras esta etapa, la entidad tiene dos alternativas: imputar cargos o dese- char el caso. (I)
Fuente: http://www.elcomercio.com/
