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Fiscalía abrió una investigación previa a cuatro consejeros del CNE por presunto incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente
Posted On 23 Dic 2020
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa en contra de cuatro consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), por el delito de presunto incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, que planteó el movimiento Justicia Social.
Fiscalía abrió una investigación previa a cuatro consejeros del CNE por presunto incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente
La acción fiscal se da después de que el pasado 18 de diciembre, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) autorizó a la Fiscalía a que pueda “iniciar una investigación previa y practicar cualquier técnica de investigación de las previstas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en donde se investigue a cualquier persona”, entre ellas, los consejeros del CNE y los jueces del TCE, “sin que ello incurra” en la prohibición prevista en el inciso segundo del artículo 19 del Código de la Democracia, pues “no implica la instauración de un proceso penal en su contra”, respecto de encontrarse en un proceso electoral, como son las elecciones generales de febrero del 2021.
Con esto, la fiscal Diana Salazar dio inicio a la fase pre-procesal en esta investigación previa, según conoció este Diario.
La denuncia la planteó Jimmi Salazar, director del movimiento político Justicia Social, en contra de Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera y Luis Verdesoto, porque no adoptaron las medidas de reparación integral señaladas por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en una sentencia del 30 de octubre y autos de ejecución subsiguientes, para que realicen democracia interna, inscriban candidatos y se los califique.
Salazar esta convocado a reconocer su firma y rendir versión libre y sin juramento este 24 de diciembre desde las 08:30, en la Fiscalía en Quito.
A esta denuncia se acumularon otras relacionadas con este suceso, y que las presentaron Sylka Sánchez, vocera del movimiento político y de la candidatura presidencial de Álvaro Noboa y Gino Cornejo, el jurista Jairo Lalaleo, el activista político, Fernando Balda, y el director de un movimiento provincial L.I.D.E.R., Pablo Ricaurte.
Sánches los denunció por incumplimiento de la sentencia del TCE; mientras que, los tres últimos, para que se investigue las declaraciones del juez del tribunal electoral, Ángel Torres, respecto de una supuesta reunión entre varios líderes políticos y consejeros del CNE para “impedir” que se inscriba la candidatura de Noboa y Cornejo, como binomio presidencial por Justicia Social.
Lalaleo debe acudir a reconocer su firma y rendir su versión libre y sin juramento el mismo 24 de diciembre a las 10:15; Sánchez debe acudir para cumplir estas mismas diligencias el 28 de diciembre a las 14:30; Ricaurte, el 29 de diciembre desde las 14:45; y Balda, también el 29 de diciembre a las 15:30.
A la par de este proceso, los mismos cuatro vocales están convocados a una audiencia oral el 29 de diciembre a las 07:00, en el TCE, por la acusación del cometimiento de una posible infracción electoral grave, interpuesta también por el movimiento Justicia Social, por el mismo hecho.
Piden la destitución, multa de 70 salarios básicos y pérdida de los derechos políticos por cuatro años.
La diligencia está convocada por el juez Torres, quien no fue recusado de continuar con el trámite de la infracción, después de que este 22 de diciembre, el pleno del organismos jurisdiccional electoral resolvió rechazar la recusación planteada por Pita, Atamaint, Cabrera y Verdesoto. (I)
