Fiscalía reformuló cargos para los hermanos Bucaram y otros 12 procesados

En la Unidad Judicial Albán Borja de Guayaquil, se llevó a cabo la audiencia de reformulación de cargos en contra de Jacobo Bucaram Pulley y otras 14 personas por presuntas irregularidades en la compra de insumos médicos en hospitales del IESS, durante la emergencia sanitaria.

Fiscalía reformuló cargos para los hermanos Bucaram y otros 12 procesados

La diligencia, efectuada este miércoles 7 de octubre, fue solicitada por la Fiscalía General para reformular cargos en contra de todos los procesados. 

La entidad solicitó la diligencia para cambiar la figura penal de asociación ilícita (3 a 5 años de prisión), por la delincuencia organizada (entre 7 y 10 años de prisión).

En un principio se acusó a los procesados por presunta participación en el delito de asociación ilícita por la supuesta comercialización de insumos médicos, tipificado al inciso segundo del artículo 196 del Código Orgánico Integral Penal (COPI), que hace referencia a la venta de bienes públicos.

Sin embargo, Claudia Romero, fiscal de la causa, identificó elementos que determinaron que no se trata solo de delitos fines, sino que estaría involucrada una estructura con la cual se favorecería con la adjudicación de contratos, mediante convenios de pagos a través de hospitales del IESS.

Entre estos se encuentran las casas de salud Los Ceibos y Teodoro Maldonado, por lo que se solicitó el cambio de delito a delincuencia organizada.

El juez Ronald Guerrero aceptó el pedido por la Fiscalía.  Con esto, la instrucción fiscal se extenderá 30 días más. Es decir, que la investigación durará 120 días en total.

Además de Jacbo Bucaram, están señalados sus hermanos Michel y Dalo; la esposa de este último, Gabriela Pazmiño, así como los hermanos Salcedo Bonilla, ambos con prisión preventiva.

Esta diligencia se efectuó, luego de que la mañana de ayer, martes, el juez Guerrero decidiera suspender la audiencia a causa de incidentes protagonizados por la defensa de los hermanos Bucaram.

Los abogados Cristian Romero y Alfredo Arboleda, argumentaron que no es válida la competencia del magistrado. En la audiencia indicaron que presentaron una demanda de recusación en contra de Guerrero, quien es el mismo juez que recibió amenazas de muerte por parte de dos ciudadanos extranjeros, luego de que Jacobo Bucaram en Colombia fuera detenido y enviado a la cárcel de Latacunga.

Por disposición del juez, los abogados se retiraron de la sala y en su lugar se delegó a defensores públicos.

La fiscal de la causa, detalló que la investigación versa sobre una estructura delincuencial. Reiteró que si bien no aparecen convenios o pagos a nombre de los hermanos Bucaram, se evidencia la cercana relación con ex altos funcionarios de los hospitales, que permitieron la comercialización ilegal. (I)