El lunes pasado, el presidente, Rafael Correa, declaró un estado de excepción para asegurar la Función Judicial en una controversial reorganización de las cortes y los jueces.
El decreto de Correa, que durará 60 días, permitirá al gobierno hacer la transición del judiciario en todo el país y evitar la suspensión de sus servicios después de que la reforma remueviera a varios jueces reduciendo el personal de las cortes considerablemente.
El propósito del estado de excepción en lo judicial es para garantizar que se cumpla la justicia correctamente y prevenir cualquier conmoción interna. El pasado 30 de agosto, Correa aseguró que la reforma judicial ecuatoriana tendrá un presupuesto de 600 millones de dólares.
El gobierno se está enfocando en la reconstrucción judicial para su sobrecargado sistema que tiene 1.2 millones de casos pendientes. Mientras tanto los líderes de la oposición señalaron que estas reformas están diseñados para dar a Correa mas control sobre los procesos judiciales. (AV)
Fuente: Reuters
