Diego Ordóñez, secretario de Seguridad, anunció que este solo es el primer bloque de jueces denunciados. También pedirá un sumario a la Judicatura.
Tal como lo anunció el presidente Guillermo Lasso en la víspera, la mañana del 8 de febrero de 2023, Ordóñez acudió a la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar a un grupo de jueces que han emitido sentencias que para el Ejecutivo son ilegales.
A través de una cadena nacional, Lasso nombró a los siguientes magistrados:
- Ángel Lindao Vera, juez multicompetente de La Concordia.
- Juan Carlos Terán Moreno, de Guayaquil.
- Mary Alexandra Quintero Prado, de Manta.
- José Luis Alarcón Bowen, de Manta.
- Emerson Geovanny Curipallo Ulloa, de Santo Domingo.
Ordóñez explicó que estos cinco jueces están dentro de la denuncia que presentó. Pero aclaró que no son los únicos, aunque no precisó nombres ni cuántos son los demás. Además, aclaró que este es solo el primer bloque de magistrados denunciados.
El funcionario indicó que en la denuncia no se señala el presunto delito cometido por los jueces. Sino que únicamente se presentan los hechos, es decir, las sentencias cuestionadas en las que se repiten los nombres de estos magistrados.
El Gobierno espera que la Fiscalía abra una investigación previa y que determine qué delito cometieron estos servidores judiciales.
También, en la tarde del 8 de febrero de 2023, Ordóñez acudirá al Consejo de la Judicatura (CJ). En esa entidad presentará una queja para que se inicien sumarios administrativos en contra de estos jueces.
Sobre la posibilidad de que los jueces hayan actuado bajo amenazas de grupos delincuenciales en los casos denunciados, Ordóñez dijo que eso tendrá que ser demostrado procesalmente.
Finalmente, Diego Ordóñez confirmó que dentro de la lista de los jueces denunciados están quienes han fallado a favor de líderes políticos del correísmo para su liberación anticipada.
Casi de manera simultánea a la presentación de la denuncia, la Fiscalía emitió un comunicado informando que ha emitido al menos 20 quejas contra funcionarios judiciales ante el Consejo de la Judicatura. Y que se han abierto 43 investigaciones previas por presuntos actos de corrupción.