El Gobierno denunció penal y administrativamente a cinco jueces. Los señalan por fallos relacionados con el crimen organizado y la corrupción.
Sin especificar el delito que presuntamente cometieron los cinco jueces, Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado, fue el encargado de formalizar lo que había anunciado el presidente Guillermo Lasso en cadena nacional.
La noche del 7 de febrero de 2023, Lasso presentó a todo el país los nombres y las fotos de cinco magistrados, a quienes llamó corruptos. Los señaló por emitir sentencias que benefician a delincuentes y atacan a la seguridad del Estado.
Ordóñez llevó el mismo mensaje a la Fiscalía. Incluso, dijo que los cinco jueces anunciados por Lasso no eran en los únicos. Y aseguró que la denuncia formal incluía a otros servidores judiciales “corruptos”.
El documento no se hizo público, pero el funcionario informó que contenía los hechos. Es decir, los casos y las sentencias polémicas dictadas por los jueces.
Paulina Araujo, abogada penalista, se sorprendió por la manera en la que se presentó la denuncia. La experta esperaba que, luego del fuerte anuncio del Primer Mandatario en cadena nacional, ante la Fiscalía se entregaría una investigación que contenga los presuntos delitos cometidos.
Sin embargo, ante este escenario, Araujo enumera, al menos, dos delitos por los que los jueces denunciados podrían ser procesados:
- Si exigieron dinero a cambio de emitir una sentencia: concusión.
- Si recibieron dinero para tomar una decisión: cohecho.
Además, explicó que, si estos magistrados fueron presionados para dar estos fallos, la Fiscalía podría investigar extorsión.
Los casos
Estos son los casos por los que los jueces denunciados son señalados. Los fallos en estos procesos beneficiaron a delincuentes ligados al narcotráfico, homicidios y robo. También a líderes políticos ligados al correísmo y a los Bucaram.
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¿Injerencia política en la justicia?
La cadena nacional de Lasso, exponiendo a jueces que considera corruptos, sin que haya una sentencia o un proceso de por medio, ha generado dudas sobre el rol del Ejecutivo frente a la independencia judicial.
Araujo, por ejemplo, critica que se haya asegurado que son corruptos y se haya mostrado sus rostros sin una investigación de por medio. Recordó que los casos ingresan a la Fiscalía como investigación previa, por lo que gozan de reserva. Aunque ese principio ya se rompió.
Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dijo que el Consejo de la Judicatura debe investigar estos presuntos actos de corrupción y en caso de comprobarlos destituir a estos funcionarios.
Pero, pidió que no se generalice, ya que la mayoría de jueces es honesta. “Todo tiene que ser en el marco del debido proceso”, dijo el funcionario judicial.
Por su parte, Álvaro Román, presidente temporal de la Judicatura, señaló que investigarán a los cinco jueces denunciados por el Gobierno.
El titular de la Judicatura recalcó la importancia de la independencia de funciones y más allá de lo que diga el presidente Lasso, las investigaciones seguirán el proceso normal.