La Contraloría no auditaría al sector público, según enmienda constitucional

Suprimir las facultades de control de la gestión y consecución de objetivos de las instituciones del Estado, es lo que contempla una de las enmiendas a la Constitución sobre el trabajo de la Contraloría General.

La modificación a los artículos 211 y 212 de la Carta Política, restringiría la función fundamental de la entidad y la limitaría a la auditoría de los recursos públicos.

Actualmente, en el gobierno del Presidente Rafael Correa, existen 20 instituciones sectoriales, ocho de coordinación y 11 secretarías nacionales, con rango de ministerio. En total 39 organismos institucionales. Ahora la intención es evitar la evaluación del trabajo del sector público.

Gabriela Rivadeneira, Presidenta de la Asamblea, dijo que la evaluación de gestión está entrelazada al Plan Nacional del Buen Vivir. Y agregó que para eso el Estado tiene toda una política programática de planificación.

Mientras que Rafael Oyarte, Abogado Constitucionalista, insiste en que el desempeño de todas las instancias estatales debe ser regulado. No solo en el uso de recursos sino en el trabajo de sus empleados, pues advirtió que esos salarios se pagan con fondos públicos y, por tanto, deben ser auditados.