La erupción política del Ecuador
QUITO, Ecuador Al parecer existe una extraña conexión entre los volcanes y las crisis políticas en el Ecuador: estas parecen erupcionar al mismo tiempo.
Según Pedro Cieza de León, quien llevó las crónicas de los conquistadores españoles a su llegada al Imperio Inca, cuando Pedro de Alvarado llegó a lo que hoy es Ecuador en 1534, el volcán Cotopaxi erupcionó, emitiendo ráfagas de fuego y ceniza, prácticamente reduciendo a los soldados en polvo. Conforme la historia avanza, los indígenas allí presentes percibieron esto como una señal de indignación de la naturaleza. En octubre de 1999, el volcán Pichincha, que ha aterrorizado a los residentes de Quito desde 1660, exhaló una ondulante columna de vapor y ceniza sobre Quito, precisamente durante una de las crisis políticas y económicas más traumáticas en la historia del Ecuador. Meses después, en enero del 2000, cientos de miles de ecuatorianos salieron a las calles y a la fuerza reclamaron la renuncia del presidente Jamil Mahuad, que había adoptado el dólar como la moneda oficial del país luego de la crisis financiera que provocó el cierre de 24 bancos, el congelamiento de las cuentas bancarias de los ecuatorianos, el colapso del sucre, moneda nacional en aquel entonces.
El Cotopaxi está retumbando nuevamente. El viernes 13 de agosto, un día después, miles de indígenas que habían caminado más de 700 kilómetros para marchar contra el gobierno del presidente Rafael Correa, el coloso de 19,347 pies de altura volvió a la vida luego de 134 años de inactividad y comenzó a arrojar cenizas y gas, una señal de las primeras etapas de erupción.
El mismo día, los enfrentamientos violentos erupcionaron entre los manifestantes y la policía, y el líder indígena Carlos Pérez fue detenido junto a su pareja, la periodista franco-brasileña y académica Manuela Picq, quien se vio obligada a abandonar el país después de su liberación de la cárcel porque su visa fue en resumen, rescindida.
A raíz de la más reciente erupción del Cotopaxi, el Sr. Correa emitió un “decreto de excepción”, que efectivamente silenció a los científicos del Instituto Geofísico de Ecuador, entidad que tradicionalmente está a cargo de las noticias relacionadas con la actividad volcánica con total independencia. En cambio, el presidente ha pasado el micrófono al Ministerio Coordinador de Seguridad, un organismo político. El decreto también establece la “censura anticipatoria” de cualquier otra información sobre la actividad del volcán, incluyendo las noticias que circulan en las redes sociales. Sin embargo, estas redes son herramientas de comunicación esenciales en tiempos de emergencia, que es la situación en estos momentos en la zona cercana al volcán.
La popularidad de Correa, quien ha gobernado con mano de hierro desde el 2007, durante un período de abundancia económica gracias a los altos precios del petróleo, se está disipando rápidamente después de años de invertir grandes cantidades de dinero en un sistema de clientelismo político.
Las comunidades indígenas, así como los sectores significativos de la clase media, que han crecido durante los años de bonanza económica, han comenzado a expresar su repudio a las acciones del gobierno. Se oponen a la intención del Sr. Correa de presentarse a elecciones presidenciales nuevamente en el 2017 mediante la reforma de la Constitución, que limita a dos los mandos presidenciales, y rechazan su estilo de gobierno, que se basa en el mantenimiento de un control estricto de las instituciones estatales. También condenan la supuesta corrupción que sigue sin ser investigada y el dinero gastado en proyectos de obras públicas y jugosos salarios para los empleados del gobierno.
Las protestas también apuntan contra el abuso de poder del señor Correa, que incluyen la supresión de la libertad de expresión para los ecuatorianos. El presidente es un enemigo autodeclarado de los medios de comunicación independientes, a los que ha denominado un “problema global”.
Cada sábado aparece en su “Enlace Ciudadano”, un show en vivo, transmitido por más de 300 emisoras de radio y un puñado de estaciones de televisión, durante el cual pasa por lo menos 30 minutos atacando a los medios de comunicación privados, a los que él llama “La prensa corrupta”.
Ãl también usa su tiempo al aire para destrozar los periódicos que han publicado artículos que no le gustan, e insultar a los periodistas que lo critican llamándolos “matones de tinta.” Desde hace aproximadamente un año ha estado señalando a los usuarios de redes sociales que lo critican o se burlan de él; incluso se las arregló para conseguir la atención del comediante John Oliver, quien dedicó un segmento completo de “Last Week Tonight” a la cruzada de Correa contra la libertad de expresión.
De acuerdo con un informe publicado por Freedom House, el estado de la prensa del Ecuador – como la de Cuba y México – “no es libre”. Desde el 2013 Ecuador cuenta con una Ley de Comunicación que creó una superintendencia que controla y regula los medios de comunicación, y que responde directamente al ejecutivo. Según Reporteros sin Fronteras, que monitorea el estado de la libertad de expresión en todo el mundo, este mecanismo ha cultivado una atmósfera que alienta la autocensura. “Los periodistas ecuatorianos no tienen más remedio que ceder a las demandas del gobierno”, escribió el grupo.
Los periodistas en Ecuador somos advertidos a diario sobre posibles acciones legales que puedan adoptarse contra nosotros si criticamos al gobierno, y las empresas para las que trabajamos constantemente nos advierten de los riesgos que corremos por plantear cuestiones sobre las que el gobierno es particularmente sensible. Los periódicos se están viendo obligados a publicar correcciones, en la primera página, con textos, encabezados y diseños enviados directamente de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. En las salas de redacción, los abogados son ahora tan importantes como los editores.
Fue en este contexto que el 17 de agosto me despidieron de diario El Comercio, donde había trabajado durante 13 años. Me despidieron debido a una opinión que expresé a través de mi cuenta personal de Twitter
Unos días antes de que me despidieran, la dirección del periódico – que el empresario mexicano Ãngel González compró a la familia Mantilla a finales de 2014 en una operación que nunca se hizo transparente para el público – me advirtió que si quería mantener mi trabajo tendría que renunciar a mi derecho a expresar mis opiniones en las redes sociales.
Creo que la libertad de expresión es un derecho inalienable, y yo también estoy convencido de que sólo si ejercemos este derecho vamos a luchar contra la tiranía del silencio que algunas personas y organizaciones desean imponernos. Y así, a pesar de estas advertencias, he seguido publicando mis puntos de vista a través de los tweets que critica el estado de excepción.
Ahora, desempleado, por lo menos tengo tiempo para estar con mis dos hijos, que tienen 14 y 15, para ver el cielo de la tarde transformado por las columnas de humo procedentes del implacable Cotopaxi.
Martín Pallares, un ex corresponsal de El Tiempo, y hasta hace poco un columnista de El Comercio, fue un Knight Fellow en Stanford en 2009-10.
(Texto Traducido por Pierina Abad)