La Fiscalía del Ecuador continúa la investigación en el caso Sobornos 2012-2016

Con el cierre de la investigación pública o instrucción fiscal del caso Sobornos 2012-2016, las diligencias judiciales no paran.

De hecho, antes de que esta fase culminase, la fiscal Diana Salazar dispuso que se tomaran versiones y se realizaran peritajes forenses, y remitió pedidos de información a entidades públicas. Por ejemplo, el próximo jueves 19 de septiembre, el Servicio de Contratación Pública deberá enviar a la Fiscalía un estudio sobre 170 contratos que el Estado suscribió con las empresas Hidalgo &Hidalgo, Fopeca, TGC, Verdu, Equitesa, Consermin y Sinohydro.

Los exdirectivos y accionistas de estas firmas son procesados. La entidad incluyó en esta lista a la constructora Odebrecht, aunque la empresa y sus exdirectivos no se encuentran vinculados.

Con esta información, la entidad busca una certificación de cada uno de los proyectos y determinar si hubo “denuncias o quejas en alguna de sus fases o durante la adjudicación”.

La tesis de la Fiscalía es que entre 2012 y 2016, los contratistas supuestamente entregaron aportes económicos a Alianza País (AP) a cambio de asegurarse contratos.

Estos proyectos fueron impulsados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Secretaría del Agua, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y otras entidades. Los investigadores también pidieron que estas entidades entreguen los contratos en donde aparecen Odebrecht y las otras firmas.

La Procuraduría, en cambio, debe enviar nueva documentación sobre el control de legalidad realizado a la empresa brasileña.

El estudio debe incluir un “análisis integral” de los proyectos Trasvase Daule-Vinces, movimiento de tierras en la Refinería del Pacífico, Acueducto La Esperanza, proyecto eléctrico Manduriacu y el Poliducto Pascuales-Cuenca.

Otro informe solicitado por la Fiscalía es sobre la oficina externa en donde trabajó Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa, y su exasistente Laura Terán. Después de que se confirmara que entre el 2011 y 2013 el arrendamiento de ese espacio estuvo a cargo de Celec, la Fiscalía busca más datos sobre cómo operó el despacho.

A esa entidad le solicitó un listado de los funcionarios que laboraron en la Vicepresidencia Administrativa Financiera, pues la persona que arrendó la oficina de Martínez fue parte de ese Departamento.

Sobre las versiones, ayer se presentó en la Fiscalía Françoise Villalba, exsecretaria-asistente de Correa, acompañada de su abogado Gabriel Rivera. El jurista explicó que se trató de una ampliación y que su defendida habló sobre el fondo de solidaridad de la Presidencia.

“Este fondo era voluntario y allí incluso hubo aportes del propio presidente Correa. Tanto es así que Françoise Villalba ha comparecido con los recibos con los que se demuestra que el préstamo (de Correa) fue cancelado.

Además, llevó los cheques con los que el expresidente aportaba a ese fondo”, indicó Rivera. Martínez dijo que en el 2014, el exjefe de Estado recibió USD 6 000 de un remanente de los aportes que realizaban los contratistas. La Fiscalía, en cambio, indicó que ese fondo operó, pero hasta el 2012.

Para los abogados de los procesados por este caso, el cierre de la instrucción fiscal fue sorpresivo. Fausto Jarrín, procurador de Correa, sostuvo que concluir la fase de investigación antes del 29 de septiembre, como dispuso la jueza del caso, podría causar problemas en la estrategia de la defensa.

“Cuando los vinculados conocieron la causa, esto es hace 30 días, había casi 400 cuerpos, es decir 40 000 documentos, hojas, pericias, todo lo que implica una investigación. Es imposible leer todo”, indicó.

Fuente: El Comercio