La votación para renovar autoridades de la Asamblea evidenció que la mayoría opositora, encabezada por correístas y socialcristianos, tiene más de 92 votos para el juicio político. La posibilidad de una muerte cruzada reaparece.
Las autoridades de la Asamblea para 2023-2025, tras su elección este 14 de mayo de 2023.
La sesión del 14 de mayo para escoger a las autoridades de la Asamblea para el periodo 2023-2025 puso en evidencia que la oposición legislativa puede, sin mayores obstáculos, llegar a la destitución del presidente Guillermo Lasso.
Las siete votaciones de la jornada mostraron la fortaleza de la mayoría opositora.
La alianza entre la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES) y el Partido Social Cristiano (PSC) logró consolidar el apoyo de las facciones más radicales de Pachakutik y la Izquierda Democrática (ID).
Esa coalición de las cuatro fuerzas consiguió entre 94 y 100 votos en todas las mociones presentadas. Esto quiere decir que la mayoría opositora tendría la mayoría calificada, necesaria para destituir al presidente Guillermo Lasso tras el juicio político.
Ante esa realidad, reaparece la posibilidad de que el Ejecutivo convoque a una muerte cruzada. La disolución de la Asamblea le permitiría al Presidente gobernar unos meses en solitario y con decretos, mientras se convocan nuevas elecciones.
La oposición se consolida
La votación de la renovación de las autoridades de la Asamblea este 2023 fue incluso superior a la que la mayoría opositora logró hace un año, cuando destituyó a Guadalupe Llori de la presidencia de la Asamblea y puso a Virgilio Saquicela en su reemplazo.
En esa ocasión, la mayoría legislativa logró 81 votos. Ahora, un año después, consiguió más de 94 apoyos en las siete votaciones:
PRIMICIAS analizó las siete votaciones y encontró que sólo 83 asambleístas de la mayoría legislativa votaron a favor en las siete votaciones. Esto querría decir que, a pesar de los buenos números, los 92 votos no están asegurados.
Estos números evidencian, por lo tanto, que en cada votación hubo apoyos que dependieron del nombre que se había mocionado. Estas diferencias se centran sobre todo en Pachakutik y los independientes.
Por ejemplo, Salvador Quishpe (Pachakutik) no se presentó para la votación de Saquicela y Marcela Holguín, se abstuvo ante las mociones para Esteban Torres y Viviana Veloz, y votó en contra de Ángel Maita, Yeseña Guamaní y Jorge Abedrabbo.
Otros asambleístas de Pachakutik sí apoyaron algunos de esos nombres, dependiendo de su criterio.
En el mismo correísmo hubo división. Pierina Correa apoyó todo menos a Jorge Abedrabbo, y Patricia Mendoza votó en contra de Marcela Holguín.
Entre los independientes, los tres separados del PSC, Javier Ortiz, Elina Narváez y Karen Noblecilla, votaron a favor de Esteban Torres aunque ya no pertenecen a esa bancada.
Las adiciones de la mayoría opositora
De acuerdo con las votaciones para esta renovación de las autoridades de la Asamblea, la mayoría opositora se aseguró el apoyo de ocho independientes, que los apoyaron en las siete votaciones:
- Augusto Guamán.
- Virgilio Saquicela.
- Eckenner Recalde.
- Diego Esparza.
- Daniel Noboa Azín.
- Daysi Yuquilema.
- Mireya Pazmiño (ex Pachakutik).
- Bruno Segovia.
Además de al menos 10 asambleístas de Pachakutik y 10 de la Izquierda Democrática. Eso indicaría que, en conjunto, los apoyos estarían rondando los 90 votos.
El ‘fantasma’ de la muerte cruzada
En este escenario, vuelve a aparecer la opción de la muerte cruzada. Con estos números, parecería que la suerte está echada para la destitución del presidente Guillermo Lasso, por lo que su única opción para mantenerse en el poder sería disolver la Asamblea.
Pero todavía quedan unos días para seguir viendo el escenario político. El Pleno está convocado para el martes 16 de mayo a las 10:00 para el inicio del proceso de juicio político. El proceso podría llegar a durar unos dos días.
Según el reelecto presidente, Virgilio Saquicela, la votación se daría dentro de 72 horas. Es decir, que quedaría para el próximo fin de semana.
Para aplicar la muerte cruzada, el Presidente podría usar dos de las tres causales que establece la Constitución:
- Si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
- Por grave crisis política y conmoción interna.
Ninguna de estas dos causas requieren de un dictamen constitucional.
En ese escenario, el Consejo Nacional Electoral tendría un plazo máximo de siete días para convocar a elecciones legislativas y presidenciales para el resto del período vigente. Las votaciones deberán realizarse “en un plazo menor a 90 días”.
Durante esos tres meses y hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el presidente Lasso, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, podrá gobernar a través de decretos-leyes en materia económica.
En ese caso, el Presidente podría buscar la reelección para lo que resta del periodo y sería reemplazado solo si es derrotado en las urnas.
Para Saquicela, la causal de obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo no cabría, sobre todo si se usa como respaldo la fallida Ley de Inversiones, bloqueada por la Asamblea hace 15 meses.
