Denuncias sobre presiones, amenazas y la constante exposición de videos respecto a los enfrentamientos de manifestantes con la fuerza pública en los catorce días de paralización fueron la tónica del segundo día de debate en la Asamblea Nacional, que tendrá que resolver el pedido de destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso.

Guillermo Lasso, presidente de la República, durante una reunión con la Unión de Organizaciones Indígenas de Cotopaxi residentes en Quito, en el Salón de Banquetes del Palacio de Carondelet.

La reinstalación de la sesión 782 se produjo a las 16:20, por vía telemática, con 137 asambleístas, inmediatamente arrancó el debate con el legislador de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN) Gruber Zambrano, quien denunció que la legisladora de UNES Viviana Veloz pidió que se lo declare persona no grata para Santo Domingo de los Tsáchilas por no estar de acuerdo en derrocar al gobierno de Guillermo Lasso, por no apoyar a la violencia. Que él es una persona de paz y de diálogo, que es la vía para conseguir las propuestas.

Este sector político que es afín al Gobierno, a través de los legisladores Marco Troya, Pedro Velasco, Washington Varela y Vanessa Freire, anticipó que no respaldará la aplicación del artículo 130 numeral 2 de la Constitución, que propone el correísmo por grave crisis política y conmoción social.

En este segundo día de debate hubo también denuncias de legisladores oficialistas de CREO y de la Izquierda Democrática sobre presiones que reciben a través de llamadas telefónicas, visitas y manifestaciones con gritos frente a sus domicilios para que respalden la destitución de Lasso.

El legislador Patricio Cervantes (CREO) denunció ante el pleno que minutos antes de su intervención un grupo de personas del pueblo Caranqui acudió a su domicilio en la ciudad de Ibarra con pancartas y gritos con la finalidad de presionar sobre la decisión que debe tomar la Asamblea y que no solo le pasó eso a él, sino también a su coidearia Blanca Sacancela, representante de Pichincha, y que hubo personas que intentaron ingresar a su domicilio.

Es importante que el país conozca cómo se está presionando para torcer la voluntad de los asambleístas, recalcó Cervantes, pero que por más gente que envíen a presionarlos en sus viviendas atemorizando a sus familias, no permitirán un golpe de Estado “por un grupo de mafias aliadas al narcotráfico y al narcoterrorismo que quieren destruir el orden técnico”, anotó.

Ramiro Frías, de la bancada de la Izquierda Democrática, denunció que recibió llamadas telefónicas y mensajes de texto exigiendo que vote por la destitución del presidente de la República, pero que no lo hará porque es partidario de defender la democracia y la institucionalidad.

Que el Ecuador tiene identificados a los desestabilizadores, que ya nadie los quiere, que en los últimos días los asambleístas de UNES querían aprovecharse de las manifestaciones de la Conaie; que su bancada defenderá la institucionalidad y que no se prestará para insinuaciones desestabilizadoras.

Su excoideario Alejandro Jaramillo anticipó que no existen los votos para aplicar el art. 130 de la Constitución al presidente de la República, por lo que propuso suspender la sesión y que se espere a que el Gobierno responda a los diez puntos que reclama la Conaie.

Moción

Desde el lado de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) intervinieron Marcela Holguín, Juan Lloret, José Vallejo, Paola Cabezas, Fernando Cedeño, José Agualsaca y Luisa González; ellos insistieron a la sala que en sus manos está la salida democrática frente a los pedidos de los sectores sociales que demandan nuevas condiciones de vida.

Cedeño presentó la moción para aprobar la resolución para la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, contenida en 31 fojas y que propone cinco artículos, donde a más de la destitución, por grave crisis política y conmoción interna, dispone notificar a todas las funciones del Estado y convocar de inmediato a Alfredo Borrero para que tome posesión y juramento del cargo de presidente de la República.

Tras el análisis de los hechos, en el proyecto de resolución se incluyen cuatro conclusiones, una de ellas señala que “el señor Guillermo Lasso Mendoza, presidente de la República, no ha podido probar la inexistencia de la grave crisis política y conmoción interna que vive el país, evidenciada por la real ocurrencia de los acontecimientos que atentan gravemente en contra de la seguridad, la institucionalidad, el ejercicio de una convivencia normal de la ciudadanía y el ejercicio de los derechos constitucionales que en suma provocan una profunda alarma social, como se sustenta en la presente resolución, situación que se agrava por la conflictividad política y la crisis de legitimidad del primer mandatario, expresada en el descontento social, la desconfianza, desaprobación y desconocimiento de los representantes políticos y autoridades de las diversas funciones del Estado, lo cual se expresa finalmente en las acumuladas y reiteradas huelgas, protestas públicas y movilizaciones populares”.

Que la derogatoria del estado de excepción a través del Decreto Ejecutivo 461, como acto propio, resulta insuficiente para superar la causal determinada para la aplicación del numeral 2 del artículo 130 de la Constitución de la República, toda vez que tanto los hechos materiales constitutivos como sus efectos se mantienen vigentes y configuran, en sus diferentes niveles de valoración, vulneraciones a derechos contemplados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.

La legisladora Paola Cabezas en su intervención comentó que conocen que algunas bancadas no comparten su planteamiento, pero que no los pueden llamar golpistas porque con la Constitución en la mano están ejerciendo una atribución. No se aguanta más conmoción, crisis política y descontrol, la bancada UNES ha tomado la iniciativa y le corresponde a toda la Asamblea tomar la decisión.

Que seguramente algunos asambleístas contando, sumando y restando creerán que no habrá los votos para tomar una decisión sobre el artículo 130 de la Constitución, pero parece que este Parlamento no salvará al pueblo; y que “esta batalla no termina aquí, hay otros instrumentos constitucionales que van a permitir tomar la decisión, presidente Lasso, recuerde que hay una revocatoria del mandato en camino”, advirtió.

Pachakutik dividido

La bancada de Pachakutik en su mayoría se pronunció por estar junto a la protesta social y a través de los legisladores Joel Abad, José Chimbo, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla anticipó que votará por la aplicación del artículo 130 de la Constitución, y este grupo de legisladores pidió al Gobierno que cumpla con las diez demandas que realiza el movimiento indígena. Rechazó el discurso oficialista que vincula a las organizaciones indígenas como aliadas del narcotráfico.

Este sector político reprochó al régimen por las agresiones recibidas a quienes están en las protestas, que hubo excesos por parte de la fuerza pública lo cual ocasionó muertos y heridos.

Se conoció que al menos cuatro legisladores de esta bancada votarán en contra o se abstendrán en la moción de destitución del primer mandatario.

En cambio, el grupo de Pachakutik rebelde, a través de los asambleístas Mario Ruiz y Patricia Sánchez, ratificó que su voto será a favor de la destitución y también denunció los excesos de parte de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

Mario Ruiz señaló que pueda que no haya los votos para destituir al presidente de la República, pero que el pueblo seguirá en las calles y anunció que los crímenes que se cometieron durante la protesta social no quedarán impunes.

En el segundo día de debate, la sesión se prologó por siete horas y se suspendió a las 23:20 cuando el presidente de la legislatura, Virgilio Saquicela, convocó para el próximo martes 28 de junio a las 11:00. Indicó que se ofició al Consejo Nacional Electoral y a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea sobre información que dijo presentó como defensa a las motivaciones de la solicitud de destitución. (I)