Nómina de Supercom pasó de 21 a 325 empleados en 5 años

Durante sus cinco años de existencia, la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) incrementó su personal en casi 16 veces, sustanció algo más de mil denuncias, y manejó un rubro que bordeó los $ 60 millones.
La Ley orgánica de Comunicación cumplirá este 24 de junio su quinto año de vigencia expuesta a una reforma de fondo propuesta por el presidente Lenín Moreno, que incluiría eliminar la Supercom, creada con el impulso del gobierno de Rafael Correa.
Mañana se remitiría el texto al Legislativo, que ha sido discutido con actores de la sociedad civil, quienes cuestionan el rol de la Supercom. Y aunque Moreno defiende la responsabilidad ulterior en el caso de dañar la honra de las personas, reconoce que su aplicación fue desnaturalizada.
La Superintendencia nació en los últimos debates legislativos de aprobación de la ley en el 2013. Su ponente era el exlegislador de AP y actual articulador interinstitucional de la Secretaría de Gestión Política, Mauro Andino, que al aprobarla declaró a ese día como histórico para la patria.
Su único titular fue Carlos Ochoa Hernández, cesado y destituido en marzo de este año por la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición. Lo reemplazó Paulina Quilumba.
Ochoa asumió funciones el 15 de octubre del 2013, y empezó con 21 personas. Al 2014, ya eran 115. Y a abril del 2018 ascendió a 325.
En el 2013 gastó $ 793.124. En el 2014 y 2015 entre $ 18 y $ 17 millones, respectivamente. En el 2017, bajó a $10389.608 millones, hasta que en este año recibó $ 10113.970. En total, el Estado invirtió $ 68909.313 en su mantenimiento.
Tenía cinco atribuciones, entre ellas vigilar el trabajo de unos 1.200 medios de comunicación registrados en el país, y resolver las denuncias formuladas por la ciudadanía.
Así, sustanció 1.344 procesos, según sus informes de rendición de cuentas, de los que más de 550 se hicieron de oficio. Y, por multas a la prensa se cobraron $754.690, informó Ochoa antes de ser destituido.
El director de la organización no gubernamental Fundamedios, César Ricaurte, adelantó que en los diálogos con Carondelet se acordó eliminar el régimen de sanciones administrativas que ejecutaba la Superintendencia, cuyo efecto será que la ley no sea punitiva, sino que proteja los derechos humanos; y la prensa deberá hacer un esfuerzo grande y real para autorregularse, estableciendo sus mecanismos.
Para Paulina Mogrovejo, exvocal del Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom), es bueno que se elimine la Supercom y que exista un solo órgano que emita política pública (el Cordicom), pues las dos hacían lo mismo.
Será bueno unificar la institucionalidad, además que atravesamos un proceso de austeridad y eficiencia de la función pública. Un solo órgano podría asumir las funciones de otro, pues hacían lo mismo, recalcó. (I)
Posibles cambios
En la ley
Autorregulación
Las reformas a la Ley de Comunicación incluirían que no exista un código deontológico, sino un manual de buenas prácticas. Y, la figura de defensores de audiencias ya no sería obligatoria.





