Odebrecht habla de diálogo; arrastra deuda en el SRI y glosas

En los 10 meses en que la mesa de diálogo con Odebrecht estuvo activa, las autoridades ecuatorianas y la constructora mantuvieron dos reuniones: en julio y agosto del 2019. La idea era fijar un monto de indemnización por la trama de sobornos.

Odebrecht habla de diálogo; arrastra deuda en el SRI y glosas

¿Se logró aquello? El Estado y la empresa brasileña únicamente avanzaron hasta el marco metodológico. Es decir, acordaron determinar el monto de reparación con base en dos criterios: daños materiales (calculados en principio en USD 35 millones, por el pago de las coimas) y daños inmateriales (estos valores -generados por pérdida de confianza, credibilidad y respeto a las instituciones públicas- nunca se llegaron a computar).

En Perú, la firma ya acordó reparaciones por USD 200 millones aproximadamente. En Panamá, en cambio, debe cancelar USD 220 millones. A diferencia de estas naciones, en Ecuador los diálogos concluyeron la semana pasada. El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, acusó a los directivos de la empresa de “falta de seriedad” y por poner requisitos “coercitivos”.

Según él, la compañía habría condicionado la indemnización a que la constructora vuelva a ser contratista estatal y, además, había insinuado el fin de su acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía si no se aceptaban sus requisitos. La firma brasileña negó esta versión y sostuvo que sí colaborará con las autoridades.

Para el abogado Édgar Vinueza, experto en derecho civil, en el país no existe un marco legal que permita la reparación integral de una empresa que no ha sido procesada judicialmente. “Sin una sentencia contra Odebrecht o sus directivos, solamente nos queda esperar la buena voluntad, pues no tenemos una regulación que obligue el pago de reparaciones de empresas que han cometido actos de corrupción transnacionales”.

En el caso de Perú, sus autoridades judiciales establecieron en el 2018 un Fideicomiso de Garantía para asegurar el desembolso de la reparación, en 15 años. La idea es liberar USD 135 del Fideicomiso para la empresa, para que esta pueda pagar deudas y seguir con su operación.

Ese Fideicomiso se nutre de los ingresos de Odebrecht por contratos públicos y privados en ese país, así como por la venta de sus activos.

En cambio, en Ecuador Odebrecht no tiene bienes. Esa información le fue comunicada al Procurador.

Lo único que posee son USD 115 millones retenidos por el Estado, por pagos de obras que se encontraban en ejecución cuando estalló la trama de sobornos, en 2017.

César Montúfar, activista político, cuestionó el trabajo del Procurador, pues en los 10 meses de diálogos la empresa no ha cancelado otras deudas pendientes. “Además de robar y de demandar al Estado, continúa burlándose del Ecuador”.

Con el Servicio de Rentas Internas, Odebrecht tiene obligaciones por USD 25 millones relacionados con pago de impuestos. En la Contraloría hay glosas administrativas y civiles que equivalen a USD 145,5 millones.

Según el último informe del ente de control, de julio del 2019, la firma brasileña había sido observada 38 veces y se hallaron indicios penales en la edificación de la hidroeléctrica San Francisco, en el proyecto de Riego Trasvase Daule-Vinces, en la Refinería del Pacífico y en el acueducto La Esperanza.

Igual ocurrió en el poliducto Pascuales-Cuenca, en la hidroeléctrica Manduriacu y en la construcción del puente Gringo Pepe. Todo está bajo indagación fiscal.

Odebrecht, por su parte, aseguró que la puerta no está cerrada. El lunes 25 de mayo del 2020, sus directivos señalaron que están dispuestos a conversar con las autoridades nacionales y acordar un monto de indemnización. “En caso de que el Estado ecuatoriano decida retomar los diálogos, la empresa se encontrará siempre a su disposición”.

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