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Presidencia de Ecuador pide investigar a jueces que absolvieron a Espinel
Posted On 19 Feb 2019
La Secretaría de Anticorrupción de la Presidencia de Ecuador ha pedido investigar a los jueces del Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Guayas (sur) que la semana pasada absolvieron al exministro Iván Espinel acusado de presunta corrupción.
Hacemos un exhorto y llamamos al Consejo de la Judicatura y a la administración de justicia a actuar de manera responsable y que estos casos de corrupción tengan un especial seguimiento, dice un comunicado de la recién creada Secretaría Anticorrupción, dependiente de la presidencia de Lenín Moreno.
El caso hace alusión al fallo de inocencia dictado a favor de Iván Espinel, exministro de Inclusión Económica y Social y quien era acusado por peculado de su época como director del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS), entre 2013 y 2014.
Espinel fue exonerado del delito de peculado en la gestión de varios contratos con clínicas privadas que se beneficiaron supuestamente de pagos exagerados por sus intervenciones, perjudicando al Estado.
El exministro tiene pendientes por esos hechos dos presuntos delitos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por los que aun no ha sido juzgado.
Estaremos vigilantes a los procesos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito que mantiene Espinel porque no permitiremos que los jueces se burlen de la sociedad ecuatoriana, afirmó la Secretaría Anticorrupción.
Desde que asumió la presidencia en mayo de 2017, Moreno ha lanzado una cruzada contra la corrupción y son numerosos los casos de procesamiento judicial contra exfuncionarios de la anterior administración de Rafael Correa, a la que él mismo perteneció como vicepresidente.
Al igual que Espinel, otras siete personas se vieron exoneradas del delito de peculado en el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS).
Ante las quejas, en un comunicado difundido el sábado, el Consejo de la Judicatura manifestó que la independencia judicial, tanto interna como externa, es un principio y un mandato constitucional y que como órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de esa función no puede intervenir en la administración de la justicia.
Con todo, advirtió de que jamás permitirá ni la corrupción ni la impunidad en la Función Judicial y que sus integrantes vigilan el recurso de apelación de la Fiscalía General del Estado sobre el caso.
Concluyó asegurando que ha dispuesto a las direcciones nacionales de Transparencia y de Gestión Procesal, iniciar las investigaciones correspondientes con el fin de determinar la existencia o no de irregularidades administrativas en la tramitación de este caso.
El caso de Espinel y de los otros procesados fue abierto a raíz de un informe de la Contraloría General del Estado en los que se establecía indicios de responsabilidad penal en la contratación por el IESS de servicios en clínicas privadas entre julio de 2012 y agosto de 2015. (I)
