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Relator ONU ve clave libertad de prensa en Ecuador para destapar corrupción
Posted On 12 Oct 2018
El relator especial de la ONU sobre libertad de expresión, David Kaye, consideró hoy fundamental que en Ecuador se garantice la libertad de prensa para destapar la corrupción, quizá la más grande epidemia global de nuestro tiempo.
No puedes separar el problema de la corrupción de la libertad de expresión y prensa. Es la herramienta para que la gente comprenda porqué debemos valorar el periodismo, manifestó en entrevista con Efe el relator de la ONU en su primera visita a Ecuador desde que fue designado en 2014.
Al referirse a las declaraciones de funcionarios del Gobierno ecuatoriano sobre su compromiso de garantizar el papel de una prensa libre para destapar los casos de corrupción consideró que la realidad es que todo el papel del periodismo es hacer al Gobierno, y a otras figuras, responsables de sus actos.
Y valoró que la situación en Ecuador ha mejorado bajo el Gobierno de Lenín Moreno, pero que hay mucho trabajo que hacer en el terreno legislativo y social para garantizar esa libertad y el ejercicio periodístico.
Kaye presentó hoy varias recomendaciones que sentarán las bases de un informe sobre la situación en Ecuador que tiene previsto presentar en junio de 2019 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Desde el pasado viernes se ha entrevistado con autoridades, medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, organizaciones sociales y gremios, así como con familiares del equipo periodístico quiteño secuestrado y asesinado por una disidencia de las FARC hace medio año.
Su visita, a invitación del presidente Moreno, se produce casi nueve años después de que su antecesor en el cargo viajara a Ecuador y sigue a la del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ãdison Lanza, en agosto.
El representante de la ONU consideró que además de las intenciones del Gobierno en el terreno declarativo, está proponiendo y trabajando con la Asamblea Nacional en una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación que data de 2013 y es considerada por gremios periodísticos una ley mordaza.
Esa medida y la eliminación de la Superintendencia de Comunicación, organismo supervisor y sancionador de medios, dijo que son pasos genuinos para cambiar la ley, si bien cree que la normativa vigente aún penaliza a la profesión.
Otro de los factores que arrastran los periodistas en el país, según advirtió, es la auto-censura y que sienten que no tienen protección de la ley para hacer su trabajo.
Kaye ve primordial cambiar la percepción negativa que tienen algunos sectores de la sociedad acerca del periodismo, especialmente bajo el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) en la que la profesión era atacada públicamente por el político, y periodistas, medios y activistas perseguidos judicialmente por realizar su trabajo y expresar sus opiniones.
Cambiar la forma en la que la sociedad ve el periodismo y pasar de la deslegitimación y estigmatización de los medios durante muchos años requiere un gran número de pasos e instituciones, subraya.
También involucra a los periodistas en esta tarea y sugiere el establecimiento de un consejo de prensa, que si se hace bien, puede suponer una buena señal para que la sociedad perciba los cambios.
Entre sus consideraciones preliminares, destaca que la sociedad civil ha sufrido una significativa represión en forma de decretos ejecutivos, que han permitido disolver a organizaciones a discreción, y formula la elaboración de una normativa legal.
Sobre la protección de los periodistas, cree que en general no están preocupados por su seguridad personal, pero que las mujeres enfrentan amenazas misóginas y que deben fijarse protocolos, testarlos y hacerlos de conocimiento público.
En torno al debate creado en Ecuador acerca de lo que las familias de los periodistas secuestrados y medios achacaron a la supuesta falta de información proporcionada por el Gobierno en un caso inédito en el país, Kaye sostiene que debe haber protocolos claros y un equilibrio en cuanto a la provisión de información.
La protección de los periodistas es increíblemente sensible y el Gobierno tiene que tener discreción para mantener negociaciones reservadas, afirma.
Pero constata que, lo peor para las familias es llamar a una puerta o enviar un email y no tener respuesta, o una que sea que dejes de hacer preguntas, y defiende que el Gobierno no tiene que contar todo, pero sí lo suficiente para que se sepa qué está sucediendo. EFE (I)
