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Resoluciones del Ministerio de Economía blindaron el acceso a documentos de deuda
Posted On 26 Mar 2018
Quito –
El informe preliminar de la auditoría de la deuda pública revela la disputa entre la Contraloría General del Estado y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre si debe o no ser pública la información de la deuda. De un lado, auditores exigiendo papeles, contratos, estadísticas, nombres, firmas, registros contables… sobre la contratación de créditos; mientras que del otro, ministros y tecnócratas jurídicos y económicos apenas dispuestos a contestarles el saludo.
En 11 de las 67 páginas de los resultados del examen especial que fue leído en audiencia pública el pasado 14 de marzo se hace un recuento de una maraña de leyes y reglamentos que sustentan el sigilo.
Sin citar nombres, la Contraloría concluyó en este capítulo que los ministros, subsecretarios de Financiamiento Público y el coordinador general jurídico del MEF que estuvieron en funciones durante el periodo del examen especial (1 de enero del 2012 a 24 de mayo del 2017) se ampararon en tres resoluciones del MEF suscritas en abril, octubre y noviembre del 2010 (ver gráfico) para ocultar información sobre la deuda.
En ese periodo los ministros de Economía fueron Patricio Rivera y Fausto Herrera.
Según los auditores, en el Ministerio no se verificó que tales resoluciones guarden relación con el artículo 137 del Código de Planificación de las Finanzas Públicas, que señala que cuando a criterio del ente rector de las finanzas públicas, la divulgación de la información contenida en actos administrativos, contratos, convenios o documentación vinculada con operaciones de novación de operaciones de endeudamiento público, emisión, colocación o recompra de títulos del Estado, pudiera generar pérdidas o condiciones desfavorables a los intereses del Estado, los respectivos actos, contratos, convenios o documentación serán declarados secretos y reservados por aquel Ministerio.
El informe sostiene que el MEF no presentó los sustentos técnicos y legales que demuestren esas pérdidas o condiciones desfavorables, ocasionando que el equipo de auditoría no cuente oportunamente con la documentación.
El primer revés de los auditores ocurrió el 7 de septiembre del 2017 y el segundo, el 21 de ese mismo mes. En ambos casos su pedido no fue atendido. El 29, el director nacional de Auditoría de Deuda Pública y Finanzas le insistió al coordinador jurídico del MEF, pero sin obtener respuesta.
El 12 de octubre, el entonces ministro de Economía, Carlos de la Torre, a través del oficio MEF-DM-2017-338 le aclaró al contralor subrogante Pablo Celi que existen contratos de endeudamiento vigentes… que contienen cláusulas de confidencialidad y que el levantamiento de la reserva implicaría un incumplimiento que podría conllevar a reacciones adversas por parte de los acreedores, como la paralización de los desembolsos.
Al día siguiente, el subsecretario de Financiamiento Público envió otro oficio señalando que los expedientes solicitados estaban listos, pero como copias simples, no certificadas, como exigen los parámetros de auditoría.
El 21 de octubre, Pablo Celi y Carlos de la Torre se reunieron y acordaron que la información sería entregada en su totalidad a Contraloría. Pero, otra vez, los papeles llegaron como copias simples y no certificadas. Tras las insistencias verbales y una discusión entre el contralor y el ministro la certificación de los documentos recién se concretó el 23 y 24 de noviembre.
En enero de este año, luego de las notificaciones iniciales, el subsecretario de Financiamiento Público le dijo a la Contraloría que si bien hubo una demora en la entrega de la información, eso no quiere decir que no se entregó.
Es de resaltar que esta Subsecretaría siempre estuvo y está abierta a entregar toda la información… Además, el supuesto hecho de entregar(la) con un retraso…, no implica que se haya dejado de entregar, agregó en su descargo ante la Contraloría. (I)
Auditoría
Deuda pública
Contraloría
Los auditores de la Contraloría constataron que varios contratos y convenios de crédito con organismos internacionales, como el BID o la CAF, contemplaban la divulgación de los contratos y documentos relacionados, lo que marcó una contradicción frente al tratamiento de otros tramos de deuda.
Informe preliminar
Luego de la lectura del informe preliminar, los funcionarios citados tenían cinco días de plazo para presentar sus descargos. El plazo venció el pasado miércoles. El siguiente paso es la redacción del informe definitivo.
No da versión
Este Diario solicitó entrevistas al Ministerio de Economía y a la Contraloría, pero ninguna de las dos instituciones respondió hasta el cierre de esta edición.
